Corte de Cuentas de la República: O la cierran o todos los partidos sacan de ahí sus manos

La CCR es una institución importantísima dentro de un Estado Democrático de Derecho, pues está llamada a ejercer una función fundamental, lamentablemente esos altos ideales con los que se le pensó dicha nunca se llevaron a cabo, debido a que a esta instancia nunca se le ha permitido que desempeñe el rol que le corresponde.

Y esto no ha sido un mero accidente político. Estoy convencida que se trata de una muy deliberada estrategia gestada por los tres grandes partidos políticos que redactaron la actual Constitución: ARENA, PDC y PCN. Fueron ellos quienes prefirieron que los Magistrados de la CCR se eligieran con una mayoría simple. Y adicionalmente el FMLN, cuando negoció las reformas constitucionales para transformarse de grupo revolucionario a partido político del "establishment", estratégicamente olvidó también exigir un cambio en esa estructura. Luego todos se han dado golpes de pecho, unos más audibles que los otros, y han propuesto todo tipo de reforma constitucional sobre el diseño, rol y manera de elección de los Magistrados de la CCR, pero como sucede siempre que hay ausencia de voluntad política, ninguna reforma constitucional se ha concretado.

Para nadie es desconocido que mientras nuestra “Repúbuca” era gobernada por ARENA, la gobernabilidad se la proveía el PCN, a cambio de, entre otras exigencias, que le dejaran controlar una estructura estatal. Luego cuando ARENA fue desplazada por el FMLN, el rol del PCN fue asumido por GANA, y la historia ha sido desde entonces la misma… con la variante que la Sala de lo Constitucional ha puesto su ojo vigilante sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales que se exigen para ser Magistrado de la CCR, compensando de esa manera el déficit de legitimidad que resulta de una elección por mayoría simple que debería serlo por mayoría calificada.

Con franqueza se debe reconocer que la CCR no ha sido otra cosa más que una institución de poca protección sobre los fondos estatales, que ha servido en ocasiones como un gran extorsionador de los adversarios de las fuerzas políticas-partidarias, y seguramente una fuente inagotablemente lucrativa.

En El Salvador nunca hemos visto un castigo contra los funcionarios que se han visto descubiertos en actos de corrupción y malversación de los fondos que han tenido bajo su responsabilidad dentro de diferentes instituciones estatales, claro, no quiero que me mal interpreten, porque a “los gatos” –funcionarios de mandos medios y bajos- a esos que solo cumplen órdenes, esos sí son castigados, pero aquel que es “el que corta el bacalao” a ese nadie lo toca, ahí los hallazgos se desvanecen y aunque los informes periciales confirmen los hallazgos estos no llegan a reparos en juicio de cuentas puesto que desde arriba se ordena frenar la institucionalidad, basta un almuercito en la oficina de presidencia y en muchos casos solo una llamadita.

Es triste que un país como el nuestro que carece de recursos tenga tanto funcionario sanguijuela que se la pasan él -y tantas personas como pueda meter de su grupo familiar- viviendo de los fondos públicos y probablemente esto no sería un problema si las instituciones funcionaran como se debe, es decir, que la contraloría se ejerciera con independencia, sin compromisos políticos y fuera completamente técnica.

Aquí los funcionarios han sido exonerados solo por ser parte de determinado partido o aliado de este, esa práctica no se ha cambiado y tal parece que todos los partidos políticos desean mantenerla de la misma forma, queda claro, pues desean mantener a los magistrados que durante los últimos 7 meses les han garantizado esta estabilidad.

Grave ha sido el hecho que el periódico La Prensa Gráfica publicara por internet una nota periodística donde se advierte que los actuales magistrados de la Corte de Cuentas han limpiado los hallazgos en la Asamblea Legislativa por aquellas donaciones que se hicieron a determinadas organizaciones no gubernamentales, sin criterio, control ni supervisión y que luego la misma fuera quitada, sin que ningún periodista, ni la Asociación de Periodista de El Salvador (APES) cuestionara a la estructura direccional de ese medio sobre las razones por las que dicho trabajo periodístico de investigación era materialmente censurado. Ojalá que en el fondo de las cosas no existan presiones políticas contra el medio de comunicación, lo que sería tan grave para nuestra democracia, como es grave para la misma lo que sucede en la CCR.

Volviendo a la CCR me queda claro que a este país le convienen dos opciones: o se cierra el elefante blanco en el que se ha convertido la CCR, que no sirve más que para encubrir los casos de los amigos, compadres, aliados y los que paguen por ese servicio, o que –finalmente– se despartidice esa elección, poniendo personas independientes, honradas, éticas y técnicas, que no tengan más interés que el de evitar que los dineros públicos sean malversados, mal gastados, robados o regalados.

Así como aplicaron los números para desdentar la Ley de Extinción de Dominio, así corren los rumores que se darán los votos para confirmar a los magistrados de la actual Corte de Cuentas, estos sería lo peor que le podría ocurrir a esa institución en la que nadie cree, de la cual hemos perdido la esperanza de que un día cumpla la función que le corresponde.