Sí, hay intereses oscuros.

Desde hace meses le he estado dando seguimiento a esta elección y ya había hecho notar que era muy extraño que se hubiera atrasado tanto y que existieran denuncias de pérdidas de documentos de los aspirantes a comisionados, que había que estar pendientes.

De verdad que me llamó la atención la cantidad de reacciones que han salido de funcionarios defendiendo las ternas y lo cierto es que en la ley no dice que se pueden inscribir asociaciones cooperativas, esto es grave pues se deja un importante sector fuera de esta institución, pero no se puede solventar este hierro cometido por las diputadas y diputados, metiendo este sector a la fuerza en la terna.

Muchos piensan que argüir la frase “el fin justifica los medios” basta para defender lo que se ha hecho en la elección de los comisionados en el IAIP, pero no es así, si los medios son ilícitos estos vuelven ilícito el fin, es cuestión de ética.

Acompaño plenamente que las asociaciones cooperativas como CONFRAS deban incorporarse y ser participes en las elecciones de los comisionados pero no puede ser utilizando matonería política, debe ser reformando el cuerpo normativo respectivo y hacerlo en legal forma, porque en un Estado de Derecho los funcionarios no tienen más atribuciones que las que les da la ley y por lo tanto deben ser los primeros en dar el ejemplo.

La situación no puede ser más sencilla, no he visto que las universidades permitan que les agreguen a las instituciones de formación técnica y los técnicos deberían estar ahí representados también para votar y ser parte de IAIP.

Realmente al final parece que existe un interés oscuro del Ministerio de Economía de tener el control de la esa institución, pues es de recordar que este ministerio recibió un duro revés en la resolución del IAIP de las once horas del diez de marzo de dos mil dieciséis, su referencia NUE 20-D-2015 (CO), califica como un hecho muy grave, la destrucción de documentación considerada como histórica, y que los documentos destruidos son de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.

El Instituto en su resolución dio por ciertos los siguientes elementos que no fueron controvertidos o que fueron confirmados aún por el propio denunciado: “(i) la GAJ remitió información, para su resguardo, en el Archivo Central, la que fue recibida por la DTAIPC, por medio de un memorándum; (ii) Que es parte de esta última Dirección el Archivo Central del Ministerio; (iii) que en el momento que sucedieron los hechos el responsable del archivo del MINEC era el denunciado, por encontrarse cubriendo la incapacidad del denunciante; (iv) que el denunciado consideró que la información  carecía de trascendencia y por tanto, podía destruirla; (v) la información fue destruida por medio de una recicladora de papel; (vi) que el denunciado no informó de dicha destrucción a su jefe operativo, ni a su jefe inmediato; (vii) a partir de lo solicitado por el ahora denunciante se realizó una “investigación” interna en el MINEC; (viii) que en dicha investigación estuvieron involucrados la directora de la DTAIPC y el ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán y su asesor legal, Salvador Ernesto Menéndez Castro; y (ix) que como consecuencia de dicha investigación –a criterio de los antes mencionados- se concluyó que la información eliminada no tenía valor histórico, ya que se trataba de libros de control Order Book y que habrían finalizado su vida útil.”

De la resolución, se destaca lo siguiente: … “En cuanto al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López Guzmán, y su asesor legal, Salvador Ernesto Menéndez Castro, se ha acreditado que el ministro tuvo conocimiento de lo ocurrido, que ordenó a sus asesores realizar una investigación, que asumió la destrucción documental e intentó justificarla, además adoptó medidas para encubrir lo sucedido –incluidas advertencias al denunciante- para evitar que este hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental. Dichas acciones sugieren un grado de participación de parte del titular del MINEC y su asesor legal en el hecho cometido”.

Al analizar la prueba, para el caso, la testimonial, establece: “Con la declaración del licenciado Erick Alvayero Chávez, gerente de la GAJ, se confirmaron algunos elementos ya acreditados por las partes; sin embargo, este Instituto considera que su testimonio carece de credibilidad en la medida que a lo largo de su deposición incurrió en contradicciones sobre elementos concurrentes al hecho denunciado; […] Por lo tanto, pese a que con total seguridad afirmó que la información remitida consistía exclusivamente en libros de control y algunos acuerdos en original, su declaración es desestimada”

Es de hacer notar que tanto el señor Alvayero como la señora Quintanilla de Arias Directora de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana –DTAIPC- forman parte de la comisión que llevó a cabo la elección de las ternas para los nuevos comisionados, usted puede sacar sus conclusiones, pero yo no pondría al frente de una comisión a personas señaladas por destruir documentos y cuyas declaraciones son desestimadas por carecer de credibilidad… bueno, a menos que tenga un interés personal en tomar el control del IAIP.

A este país le falta la memoria histórica y no debemos perderla, está claro que en esta elección hay un interés oscuro de controlar esta institución y quizá no sea del gobierno central sino de un funcionario inescrupuloso que necesita que los procesos en su contra no se sigan impulsando.

Saque sus conclusiones, pero lo cierto es que en estas ternas algo huele mal y ¡no es aceite de pollo frito quemado! …