El Salvador es un país en el que una investigadora de la Policía Nacional Civil cree que puede existir sexo consentido entre un hombre que paga por sexo y una menor de edad explotada sexualmente por una red de trata: 

Original en la versión web de La prensa gráfica, nota publicada en el 4 de enero de 2017.

… con funcionarios que afirman semejante cosa a pesar de la existencia del artículo 164 del Código Penal vigente: 

…en el cual se considera que el estado emocional de un imputado por delitos sexuales es reporteable:

Max González (#GordoMax): Esto es devastador para mí. Me declaro inocente. Sobre caso trata sexual de menores. #ITVX pic.twitter.com/RtG2KTDAAn

                                — ExpresaTVX (@ExpresaTVX) 4 de enero de 2017

Este también es un país en que la libertad e integridad sexual de sus ciudadanas no son reconocidas, defendidas ni procuradas por sus instituciones ni su sociedad. También es un país que se niega rotundamente a hablar de sexo, de comercio sexual, de trata de personas y de los marcos que regulan los ejercicios sexuales de sus ciudadanos. Su negativa a repensar social e institucionalmente su idea sobre las libertades sexuales, empero, está malentendida.

Como país es imperante dejar de pensar que El Salvador encabeza las listas de restricciones a las libertades sexorreproductivas ─que van desde el matrimonio universal hasta el comercio sexual, pasando por las interrupciones legales del embarazo y las técnicas de reproducción asistida─ por ser un país religiosamente conservador. Dios es la excusa bajo la cual se amparan la mayoría de comportamientos autoritarios de una sociedad cerrada a la cual le aterra pensar que existe más de una forma de vivir. 

Sería un error decir que la violencia multinivel que El Salvador ejerce sobre sus ciudadanas es sui generis. Todas las sociedades restringen social e institucionalmente las libertades sexorreproductivas para preservar modelos económicos y de ordenamiento social que les resultan convenientes, defendiéndoles mediante instituciones que se presumen incólumes, como la familia o la iglesia. Si bien las formas de restricción de estos ámbitos difieren de sociedad en sociedad, países más autoritarios, como el nuestro, optan por limitar el ejercicio de las libertades sexual y reproductiva cuando este compete a mujeres o personas de la diversidad sexual y de ignorarlos por completo cuando estos son violentados.

Pensemos, por ejemplo, en las menores víctimas de explotación sexual de las cuales Max González y tantos otros hombres  son presuntos clientes. Ana Herrera, investigadora de la Policía Nacional Civil, cree que menor A está en condiciones de consentir actividad sexual a pesar de:

1) Ser víctima ella misma de una red criminal

2) ...que reditúa a partir de su explotación sexual

3) ...a la cual llegó por engaños

4)...y en la cual permanece bajo amenaza

Diversas corrientes del pensamiento legal feminista se han planteado la idea del consentimiento sexual cuando compete a trabajadoras sexuales o menores de edad en relaciones con hombres mayores. Algunas corrientes sostienen que en el caso de estas últimas pueden intervenir, como en la acusación a González, una marcada desigualdad monetaria y de poder entre las partes, en las cuales es usualmente la menor de edad quien está en desventaja. Esto impide que ellas puedan tomar una decisión libre y plena sobre su ejercicio sexual con ellos, pues esta se ve permeada por su estatus desigual frente al hombre mayor. 

La trabajadora sexual adulta, que ejerce ese tipo de labor por opción propia, dicen otras corrientes, tampoco sostiene encuentros sexuales consentidos, pues es la exclusión económica la que la empuja a tener que ejercer ese tipo de labores. Este sería el caso, por ejemplo, de las mujeres trans en países como el nuestro,  en donde  el trabajo sexual y el comercio informal suelen ser las únicas vías de actividad económica a la que pueden acceder cuando institucionalmente se niega su derecho a la identidad, a la educación y a salud.

En el caso de las menores víctimas en el caso de González, su condición de explotación sexual y su minoría de edad impiden que puedan dar su consentimiento para tener sexo con personas como él, que desde su posición económica y mediática deciden expresamente participar de redes criminales para poder tener acceso a trabajadoras sexuales menores de edad. Hombres que están pagando por poder violar. Que saben que están pagando por poder violar. Que luego salen en entrevistas y dicen que ser procesados judicialmente por pagar para poder violar les resulta "devastador".

Si El Salvador tomase la decisión de hablar de sexo, de libertades sexorreproductivas, notaría que González es solo la cara visible (macabra y visible) de una sociedad en pleno que piensa que sus ciudadanas son objetos sexuales consumibles a cualquier edad. El exnovio de una mayor de edad se siente en derecho de "humillarla" compartiendo sin su consentimiento su ejercicio sexual libre es solo uno de tantos ejemplos. El sexo con menores de edad es aceptado, celebrado inclusive, en sociedades como la salvadoreña: cantantes, futbolistas,  cuidadores, pastores evangélicos han sido anteriormente acusados de estupro o violación contra menores sin que su imagen pública sufra deterioro alguno. Es común escuchar historias de menores "acompañadas" con hombres mayores. La mayoría de madres adolescentes, que conforman el 30% de los partos en El Salvador, tienen como pareja a hombres mayores que ellas por 4 o más años de edad:

Fuente: Ministerio de Salud, Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos. El Salvador 2015. Primera lectura de datos. San Salvador, El Salvador, noviembre de 2015, página 18.  Disponible en línea.

Max González es solo uno de tantos hombres que utilizan su posición social o económica para tener sexo con menores de edad en condiciones de vulnerabilidad en una sociedad que celebra estos comportamientos, en la que "agarrarlas bichas" es algún tipo de galardón de hombría. En la que la libertad sexorreproductiva de las mujeres y personas de la diversidad sexual es condenada cuando no sirve de insignia para alguien más. En la que negándoles el conocimiento de su propio cuerpo, el uso libre del mismo y servicios de salud integrales se busca controlarlas no por conservadurismo religioso ni social, sino por autoritarismo. Porque nuestro orden social, económico y político tiene como componente clave la subciudadanía de las niñas y mujeres.

La violencia contra las mujeres no solamente está presente en las violaciones ni en este tipo de trata o el femicidio. También la ejerce la investigadora policial que cree que una menor obligada a prostituirse puede tener sexo consentido con un cliente, la sociedad que cree que la bicha es puta porque así consigue pisto, el medio que cree que "hay que darle espacio" al perpetrador. A este país le urge, para ayer, empezar a hablar de libertades sexuales y reproductivas porque sus ciudadanos somos, todos, seres sexuales. Porque sus ciudadanas somos, todas, seres sexuales y nuestra libertad, como la de todos, empieza por el propio cuerpo.

Cada vez que al gobierno salvadoreño en turno le va mal, digamos, si hay una crisis de homicidios, una guerra civil en ciernes, una debacle fiscal ineludible o un par de expresidentes procesados por corrupción, aparecen en prensa algunos diputados cristianos (este dato es importante) a decir que la verdadera amenaza de nuestro país no son las maras ni la corrupción ni los grupos de exterminio ni la absoluta estupidez con la cual se ha gobernado siempre a este país, sino yo, nosotros, los que nos sentimos atraídos por personas de nuestro mismo sexo o tenemos una identidad de género que hace sentir a cierta gente sumamente incómoda.

No crea, tener tal poder es hasta cierto punto divertido. Pensar: "bicha, vení, te vuadarvuelta mientras derrumbamos los cimientos de la nación" cada vez que veo a una chera guapa tiene su encanto, pero eso tiene que ver más con el hecho de que tengo un empleo fijo, una vida fuera del clóset y el privilegio de saber de qué hablan los diputados Velásquez Parker e Iraheta cuando dicen que soy yo lamiendo vulvas y no un aparato estatal asesino, perverso y corrupto, el subempleo o el escaso acceso a justicia lo que está mellando la familia, la vida y el devenir del país en pleno que con el ser lesbiana.

Se supone que esta es la parte del texto en la cual tomo los argumentos de ambos diputados y los refuto. Hace meses que renuncié a ello: no hay manera. Es todo tan rotundamente ridículo que no hay modo. De verdad que no lo hay:

@Huishte ahí donde hay deporte pic.twitter.com/55dRkPtQGP

— Gumer (@GumerV) 16 de noviembre de 2016

Le voy a evitar el trabajo de intentar comprender qué está diciendo el diputado: ahí no hay una sola idea concreta. Si encuentra una, avíseme y dedique su talento para desenmarañar sinsentidos a hacer algo productivo, como desenrredar atarrayas. Lastimosamente, quien está sentado en un curul de la Asamblea, ganando un sueldo que pagamos, además de "la gente normal", miles de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, quien decide que lo mejor para la coyuntura es desviarnos de los verdaderos temas que ponen en peligro el inexistente bienestar nacional es él, no yo y mi burla cómoda desde lejos, desde la cómoda burbuja de la clase media, donde el Estado únicamente existe para cobrar impuestos, donde el Estado no puede joderme la vida porque puedo pagarme un médico no homofóbico, porque puedo conseguir un empleo en un sitio con políticas de no discriminación, porque mientras pague impuestos, no mate a alguien (excepto si es marero; eso me volvería heroína nacional ante sus ojos) y me sea ilegal casarme al Estado no le interesa mi vida.

Pero hay personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en todos los estratos sociales, en todo tipo de familias, esas que los diputados Velásquez Parker e Iraheta dicen defender de nosotros. Familias que nos expulsan, que nos golpean, que nos violan o nos repudian por no sentirnos atraídos por quienes se supone deberíamos. Familias con las que algunos de nosotros debemos quedarnos porque la alternativa es morir de hambre. Familias "normales", sanas, nucleares y cristianas, que rezan por nosotros en el culto, en el rosario, para que "nos compongamos". Familias que, impulsadas por los diputados Velásquez Parker e Iraheta, creen que la violencia contra nosotros, especialmente cuando se ejerce desde el curul, desde el derecho, tiene como objetivo proteger a la patria. 

La diputada Iraheta alude motivos como "el rechazo a cualquier ideología que en otros países globalizados" para decirme, con todo respeto y sin afán de lastimarme ni de ofenderme, que ella en nombre del Estado tiene derecho a negarme mis garantías civiles. Es sumamente simpático que su argumento sea un falso nacionalismo cuando El Salvador ha sido consistente en su incapacidad de desarrollar aparatos ideológicos propios y se ha limitado durante dos siglos a seguir a los intereses económicos externos para ordenar su institucionalidad, su territorio y su población misma. Lista como es, Iraheta sonríe con la misma mirada plácida que usaba en Ágape para enviarnos la bendición del día mientras responde a los periodistas que no, limitar mi derecho a firmar un contrato de convivencia con otra mujer no es un ejercicio violento ni discriminador, sino una natural y certera acción estatal para decir lo que ha dicho siempre: "esto no lo comprendo, por tanto debe ser aniquilado".

"No te discrimino ni busco ofenderte, marica; nomás no creo que seás persona. Dios te bendiga. Voy a rezar por vos."

No dudo que Iraheta esté convencida de que no busca ofender a nadie ni lastimar susceptibilidades, pero cuando soy una ciudadana de un Estado, no he quebrantado sus normas ni he sido hallada culpable en juicio de delito alguno y venís a decirme de que tengo menos derechos que los culpables de delitos de lesa humanidad que ostentan cargos públicos, que los violadores sexuales que morirán impunes porque los protege la inoperancia del Órgano Judicial o que el expresidente defraudador del fisco a quien su partido invitó amablemente a huir antes de que cayera preso no puedo evitar ofenderme y sentirme no herida, sino cagada no en mis susceptibilidades, sino en mis hijueputas derechos.

La orientación sexual no puede ser competencia estatal simplemente porque (quitándonos de encima nimiedades como la libertad negativa, que es el espacio libre de coacción externa, donde el Estado no puede intervenir) no tiene cómo regularla. Si tanto Velásquez Parker, en su esquizoide paranoia anti "izquierdista" (como si el FMLN hubiese defendido nuestros intereses en público ALGUNA VEZ) o la diputada Iraheta en su infinita condescendencia a lo Anita Bryant quisieran remontarse a los orígenes extranjeros, "de países globalizados" que llevaron al ámbito de lo sexual a la palestra pública se toparían con otro homosexual, amenaza de Occidente, atentando contra la civilización: Michel Foucault. 

Ni siquiera es la práctica sexual por sí misma, sino la tasa de natalidad y la necesidad de mantenerla a cierto ritmo para no quedarse sin obreros lo que impulsa la entrada de lo sexual al ámbito regulatorio del Estado (a modo de censos, de políticas públicas a favor de disminuir la mortalidad infatil o la desnutrición ídem) durante la etapa de consolidación del capitalismo como sistema de producción. La "familia natural" que tanto claman defender no existía hace dos siglos, mucho menos en los ordenamientos sociales indígenas. Dado que vivimos en un país a claras luces sobrepoblado (y desde hace más de una década), dudo mucho que el interés por excluirnos de nuestro derecho a formar uniones conyugales legales, a adoptar, a testar y a construir una vida dentro del frágil marco de la legalidad tenga más motivo que una profunda homofobia y la prepotencia de creer que gustar del sexo opuesto es garantía suficiente para ser padre, buen ciudadano, buen lo que sea. 

Algo que encuentro hondamente fascinante del Estado salvadoreño es lo selectivo que es para discriminar a la población LGBTI. Parece que nuestra identidad de género u orientación sexual únicamente es relevante en ciertos escenarios y que si bien este puede elegir arbitrariamente excluirme del goce de mis garantías civiles, para otros ámbitos si somos ciudadanos plenos. Al Ministerio de Hacienda le da igual mi orientación sexual, por ejemplo. Lesbiana o no, igual me deducen la renta. Voy a la tienda, me compro un Quesito Diana e igual pago 13% de IVA. Tampoco le importa mucho esto al ISSS, que igual me descuenta un porcentaje de mi sueldo aunque el médico que va a operarme pueda decidir no hacerlo porque teme contagiarse del SIDA que cree toda la población LGBTI padece. 

Iraheta, Velásquez Parker y la población que les apoya no han reparado en el enorme trabajo que durante décadas han hecho las lideresas trans, los hombres gays y las mujeres lesbianas para procurar nuestra propia supervivencia en un Estado hostil que nos niega el derecho al nombre a algunas y algunos  o a la unión matrimonial y la salud sexual y reproductiva a todos, que nos excluye de la educación y del empleo formal, de la seguridad social, del acceso a vivienda o al crédito hipotecario porque nuestras familias son, a sus ojos, menos sacrosantas y para nada dignas de protección. Ambos diputados y sus intereses nos creen silentes, avergonzados, como si nuestra población no tuviese 30 años de trabajo político a cuestas, como si no fuésemos cada vez más personas LGBTI con vidas dignas, fuertes y libres fuera del clóset donde quieren seguirnos metiendo.

Rubí, compa trans en observación electoral durante los comicios de 2015. Al fondo, Julia Regina al borde del colapso y con cara de asquito. Nada perturba el orden público como una marica en público.

Las maricas ya no hambrean ni mueren en el exilio social porque ya no estamos solas. Hay organizaciones que hemos construido, hermanos y amigos que saben que ser LGBTI tiene tanto de anormal como ser colocho o tener lunares. Los más privilegiados entre nosotros estudian, se forman, aprenden a litigar, demandan del Estado reconozca lo que de inconstitucional tiene negarnos nuestros derechos.  Cuentan con nuestro silencio y nuestra pasividad. Ahí se van a estar.

En otro mundo paralelo, en el que los cristianos trabajan por la justicia y la igualdad, un obispo dijo antier en misa que nadie debería sentirse incómodo en la Iglesia, la cual debería aspirar a ser la casa de todos. Y yo, la atea lesbiana sentada en una homilía en honor a dos mujeres y seis sacerdotes que murieron denunciando a un Estado asesino, represor e inmoral, me quedo con eso. La casa de todos. El Estado de todos. La Constitución de todos.

Al clóset ya no volvemos. Somos demasiados: ya no estamos solos. Vamos con nuestras familias, las que tanto nos ha costado construir.  Las que el Estado busca invisiblizar. Somos demasiados. Ya no cabemos.

FOTAZA de Ebony Pleasants en la XX Marcha del Orgullo LGBTI. 

La semana pasada se presentó en San Salvador el reporte que Amnistía Internacional hizo sobre el contexto y consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador. Los medios de prensa tradicional no publicaron al respecto más que la reacción de Sí A La Vida, una ONG con afiliación a la Iglesia Católica. Empero, los medios digitales sí retomaron el informe y lo visceral de las réplicas al respecto es para dejar helado a cualquiera.

Solo El Faro pudo o quiso hablar directamente con Amnistía Internacional, logrando entrevistar a su secretario general, Salil Shetty. Es muy fácil perderse en la entrevista; cuesta elegir entre concentrarse en el hecho de que ni el Presidente ni el Vicepresidente de la República aceptaron reunirse con Amnistía, la opinión de este ente sobre los crímenes de guerra sin judicializar, las 17 mujeres sin indultar, o  «la terrible represión que sufren las mujeres y las niñas es realmente espeluznante y equiparable con la tortura». Entiendo que no se haya prestado atención a esta frase. Empero, creo que es imperante detenerse en ella.

(Juro de verdad que no soy tan seria. Esto es una excepción.)

Cuando se habla de Martin Luther King, lo primero que la gente recuerda es una cita cercenada del discurso de la Marcha de Washington, en 1963. Recalco lo de cercenada porque eso de tener un sueño en el cual los niños negros y blancos unirán sus manos como hermanos es un asunto que causa harta ternurita, sí, pero opaca por completo su contexto: una marcha numerosa a favor del reconocimiento de los derechos civiles de los afroamericanos. El discurso como un todo era una denuncia potente de la opresión y la exclusión socioeconómica, ambos asuntos muy desagradables de conversar en palestras públicas. Diocuarde, niña.