Hace algunos meses escribí un post en el cual abogaba por la necesidad de prestar mayor atención a la forma en que se manejan mediáticamente los casos de violencia de género. Hablaba en él de Berta Bejarano y Yamileth Ticas, jóvenes salvadoreñas asesinadas en público por sus exparejas. Describí la particularidad de los ciclos de violencia vividos por mujeres y sus diferencias respecto de las otras múltiples, avasalladoras, pero mucho más visibles formas de violentar que vive El Salvador.

En el editorial publicado por El Faro en alusión a los desafortunados comentarios que sobre dicho post (bueno, sobre mí) hicieran algunos periodistas se mencionó algo puntual: “El asesinato de mujeres, generalmente pobres o de clase media, es solo la punta del iceberg, el eslabón final, de una cadena de formas de violencia y violación de derechos que se manifiesta en todos los estratos sociales y que por ignorancia o cobardía, por vergonzosa costumbre tal vez, solemos considerar propias del ámbito privado o asumimos como un rasgo cultural, y que apenas denunciamos y perseguimos”.

Por la naturaleza de lo discutido en aquel entonces —el manejo mediático de los femicidios— ni mi post ni el editorial lograron ahondar en algo crucial: la corresponsabilidad de la sociedad, la complicidad nuestra en la vivencia de las diversas formas de violencia inherentes (sí, inherentes) a ser mujer en un país como este. La disposición inmediata de la sociedad a excusar socialmente al perpetrador y atacar a la víctima es característica de este tipo de violencia y se vuelve más evidente cuando el abuso en cuestión tiene un componente sexual.

El Salvador tiene una relación bastante extraña con el abordaje de la sexualidad. A pesar de considerarla como parte del ámbito privado, las expresiones de deseo y las prácticas sexuales de mujeres y personas de la diversidad sexual son sujetas a debate público (vea los comentarios), al grado de reducir el valor de una persona únicamente a una misógina noción social de la “moral sexual”*. Este no es el caso de las prácticas sexuales de los hombres heterosexuales. Apenas en 2014 se hizo público un listado de conductores televisivos y radiales, funcionarios públicos y figuras políticas involucradas con una red de explotación sexual de menores de edad.  El pastor evangélico Carlos Rivas fue capturado tras golpear y presuntamente violar a una mujer, su pareja extramarital.  La víctima fue acosada sin cesar por feligreses de su misma congregación religiosa hasta que abandonó el caso y este fue desestimado. Excepto Rivas, quien formaba parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ninguno de estos hombres fue removido de su cargo ni su imagen pública —crucial para el tipo de trabajo que desempeñan— se vio dañada sensiblemente.

En nuestra sociedad, el valor de una está puesto en su deseabilidad sexual, en su “cogibilidad”, en su valor de cosa-a-poseer-sexualmente. Las mujeres son objetos a ser poseídos, exhibidos, explotados. La sociedad salvadoreña es cómplice de ello y lo celebra a vítores; vea nomás cuán común es la presencia de edecanes  (en tacones, en ropa escotada) en eventos comerciales de cosas tan variopintas como repuestos automotrices, seguros de vida, queso crema y veneno para hormigas. Para nuestra sociedad, todo bien con la expresión sexual de las mujeres, excepto cuando la controlan ellas.

Manifestación de esto último es el descrédito social del cual son objeto las mujeres que se expresan de algún modo como seres sexuales. La semana anterior se difundió por mensajería telefónica un conjunto de imágenes en los que se veía a una joven mayor de edad posando desnuda y sosteniendo relaciones sexuales con un hombre, su pareja, cuyo rostro no es visible. En cuestión de horas eran ya de dominio público no solo las imágenes del cuerpo de la muchacha, sino también sus datos personales.

La discusión que siguió fue vergonzosa. Cientos y cientos de personas, cobijadas por el anonimato que permiten las redes sociales, se dedicaron a republicar las imágenes de la muchacha y a burlarse de ella por haberse dejado grabar en esa situación, por su forma de obtener placer. Otras voces la llamaban inmoral, evidencia de la debacle nacional. Otras más se ufanaban de haberse masturbado con sus fotos, su video, no sin antes aclarar que si no quería que esto pasara, para qué andaba tomándose fotos de ese tipo. La avalancha de personas que se precipitaron a su descrédito es asqueante e increíble.

Finísimas personas

Hubo algo que los compatriotas, hombres con quien una comparte nacionalidad y espacio público, pasaron por alto en su linchamiento público a la joven: esas imágenes fueron capturadas y compartidas originalmente en un ámbito de confianza, para y con alguien que la hacía sentir segura: su pareja. Más grave aún es la sospecha de que quien hizo público el material fue él mismo, presuntamente motivado por una ruptura. ¿Por qué en lugar de destrozar públicamente la vida de una muchacha no se repara en que publicar esas imágenes sin su consentimiento y con el fin de socavar su imagen pública es delito? A la usanza decimonónica, tan habitual en El Salvador, buena parte de los comentarios sobre el presunto hechor versan sobre el tamaño de su pene.

¿Qué hay detrás de la decisión de divulgar dolosamente imágenes en las que una persona comparte con otra su cuerpo? No voy a detenerme a aclarar lo obvio: la joven es dueña de su cuerpo y es libre de tomarse el tipo de fotos y videos que le dé la gana. El centro de la discusión en un delito de este tipo no debería ser la víctima, sino el victimario y la sociedad que lo cobija, nuestra sociedad. Nosotros. ¿Por qué la sociedad salvadoreña tolera que un hombre impunemente revele imágenes sexuales de su expareja? ¿Por qué la sociedad salvadoreña crea de facto un ambiente en el que un hombre se siente en posesión de una mujer tras tener sexo con ella?

Lo cierto es que como sociedad damos cobijo y somos espacio de socialización de hombres que expresan su condición de tales mediante el dominio territorial. Las piernas desmedidamente abiertas en los asientos del transporte público; los roces sexuales en el ídem “porque todos vamos topados”; y la violencia sexual, desde el maltrato verbal hasta el daño moral y el femicidio, son manifestaciones de este dominio espacial: mi asiento, mi espacio, mi mujer. Como sociedad, nosotros somos (activa o pasivamente) testigos, hechores y cómplices de modelos de crianza, de socialización y de educación emocional en los cuales las mujeres son, de nuevo, cosas a poseer. Sí, todos nosotros.

La mayoría de salvadoreños se considera un grupo de ciudadanos cabales que nada tienen que ver con las decisiones de este abusador y negarán vehementemente ser cómplices de su delito. Se indignarán porque oso nombrarles, nombrarnos, cómplices, a pesar de que cuando recibieron el mensaje diciendo “hey maje, mirá qué rica esta bicha” no dudaron en descargar las imágenes, en ver el video, en masturbarse con él. Imágenes que fueron tomadas para procurar el placer de quienes en ellas participan y de nadie más. Se indignarán conmigo, sí, porque no es culpa suya que esta bicha ande enseñando todo, quién la manda a no tener cuidado (¿al tener sexo con su pareja, en un ámbito de privacidad y confianza? A huevo. Mentite).

La sociedad salvadoreña, nosotros, somos también cómplices de estos ejercicios violentos a otro nivel más allá del social: el institucional. Si presionásemos por tener un sistema judicial más sensible, la denuncia de las diversas manifestaciones de violencia de género no sería un espacio de revictimización para quien interpone una demanda. Si exigiésemos sensibilización en asuntos de género para la PNC, la FGR y demás actores del sector seguridad y justicia, seguramente sería menos traumático para una víctima el repasar los eventos en los que se vio envuelta; vamos, tendría el valor de denunciarlo[1]. Sobre todo, si como sociedad aceptásemos por fin que las mujeres son seres plenos, sexuales y pensantes, dejaríamos de verle lo “divertido” a que la vida privada de una mujer sea de dominio público y lo llamaríamos por lo que es: un delito.

Cada año, alrededor de finales de junio, cuando miles de personas de la comunidad LGBTI salimos a la calle a defender nuestro derecho a existir en un país convulso y recalcitrante como este, el ambiente se pone (todavía más) tenso. Hombres desde autos en movimiento practican su puntería con mujeres trans o disparando a mansalva afuera de discas. Organizaciones a favor de los derechos de la diversidad son saqueadas. La PNC se siente facultada para vapulear a un hombre trans por ser quien es. Esto pasa todos los años. Hasta ahora, solo Contrapunto ha escrito algo al respecto. 

Como es usual con las violencias contra otredades, la sociedad en pleno se desborda en justificaciones que validen una implícita inferioridad, un algo que vuelva aceptable ante la opinión pública que a la población LGBTI se le atribuya un estatuto de ciudadanía inferior. Esta argumentación suele girar alrededor de una noción cristiana de aquello que es correcto, moral o bueno ante los ojos de Dios.

Durante junio y un par de semanas de julio, los estados de Facebook, los comentarios de la gente en la calle y los tuits están llenos de versículos del Antiguo Testamento que condenan el coito entre personas del mismo género o describen las reglas de la unión matrimonial para el Pueblo Elegido. Nunca este pueblo es más cristiano que cuando cuatro, cinco mil personas no heterosexuales/no cisgénero salen a la calle a defender su derecho a ser. Nunca se abren más biblias, ni siquiera en Navidad.  Esto no es malo per se, tampoco reprochable: cada persona tiene derecho a creer en lo que sea. El problema es cuando se usa un argumento religioso para excluir a un grupo de personas del goce de sus derechos civiles, todo esto en defensa de una fe que nadie está atacando.

En La religión en la esfera pública, Jürgen Habermas considera que las religiones (como dadoras de sentido a dudas existenciales) pueden contribuir a la democracia insertando en el debate público temas como la dignidad humana, el perdón o la reconciliación en su dimensión secular, brindando argumentos a su favor más allá del «Dios dice que…». Al hacerlo, someten estos valores  a discusión, de forma que todos los actores políticos de una sociedad participen de ese debate. Ese no es el caso de El Salvador. 

En la historia reciente, la formulación de leyes en defensa de equis o ye en detrimento de los derechos de los ciudadanos LGBTI ha sido respaldada por un grupo de poder económico y cristiano del cual tenemos como representantes a Evangelina del Pilar de Sol, Julia Regina de Cardenal y Rodolfo Parker. Si bien tener un credo personal no es reprochable, como tampoco lo son las misiones de evangelización emprendidas por estas personas, sí lo es utilizar creencias religiosas e influencias políticas para formular un Derecho que excluye y margina a otros ciudadanos del goce de garantías civiles en nombre de Dios. Eso es discriminación: El Salvador y sus leyes se deben no a los cristianos, sino a todo aquel nacido en territorio nacional o hijo de ciudadanos salvadoreños nacidos en cualquier lugar del mundo.

En defensa de su fe cristiana, Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, publicó ayer en Facebook una foto de este afiche, el cual se encuentra en las oficinas centrales de Almacenes Simán*: 

Es curioso que mientras Javier Simán aboga desde la ASI por un país de libertades individuales y con reglas claras conciba que las primeras solo aplican para las empresas y no a la ciudadanía de la diversidad. ¿Qué habrán pensado sus empleados LGBTI al ver este cartel? ¿Qué tipo de país busca construir? ¿Para quién son las libertades por las que aboga desde una palestra creada sobre capital financiero y político? Es curioso, también, que Simán no objete cuando un gran número de personas de la diversidad utilizan productos o servicios producidos por las industrias afiliadas en ASI. Dinero es dinero sin importar de quien venga, ese es un concepto que él puede entender. Eso de los derechos civiles, por otro lado, ofende a su fe.

No importa como le quieran llamar, el unico modelo de gobierno es el contemplado en nuestra Constitucion de la Republica. Respetenla.

— Javier Siman (@JaviSiman) June 24, 2015

(Excepto los artículos 3 y 4 de la Constitución. Esos no.)

Tras la publicación de esa foto y el rechazo que generó en redes sociales, Simán se defendió esta mañana, «aclarando» su postura:

El original, mientras no lo borre, está acá

Siempre me ha parecido curioso cómo quienes sostienen este discurso siempre reaccionan ofendidos al evidenciarles que están discriminando. Tras negarlo, enumeran una seguidilla de argumentos bíblicos que justifican lo dicho. Quizá si hubiese honestidad de su parte y admitiesen que ven en un libro sagrado el derecho a discriminar yo podría tratar de entender que lo que sienten es miedo.

El último párrafo del comentario de Simán es revelador. Ante sus ojos, el respeto debe buscarse, es opcional para un grupo otorgarlo o no. La dignidad humana parece estar reservada para los creyentes heterosexuales y cisgénero. Soy yo, la anormal, la que debo buscar su respeto procurando no lastimar sus sensibilidades religiosas con el mero hecho de existir siendo homosexual y creyéndome amparada por la Constitución que él también defende. Soy yo la que debo procurar no colocarme en supuestos en los que el rechazo (que él considera normal) hacia mi condición aumente.

A pesar de ello, él niega estar discriminando, niega que el suyo sea un discurso de odio (y nada consecuente bíblicamente hablando: cita a Génesis y después dice que Jesús definió el matrimonio. O sea, cómo, ¿beibi J es un time lord?).  Uno de los puntos débiles del discurso a favor del matrimonio igualitario es, a mi parecer, reducir una cuestión de garantías civiles al amor romántico: tiene sentido; el código civil no vende y los corazoncitos cursis sí. Empero, es algo más profundo, más abstracto: antes que contrayente, una persona de la diversidad es un ser humano, ciudadano con derechos y obligaciones que, casualidades de la vida, puede amar y ser amado. Simán afirma que no discrimina a nadie por ser homosexual, pero que yo no tengo a derecho a participar de una figura jurídica anterior a la cristiandad porque eso ofende a su fe. Explíqueme cuál es la diferencia. 

"No podemos cosechar paz si seguimos sembrando odio". Mons Romero.

— Javier Siman (@JaviSiman) May 24, 2015

        LOL, señor Simán. LOL.

*Una versión anterior de este post afirmaba que Javier Simán es dueño de los Almacenes ídem, dato que no es veraz. Esto fue removido del texto, mas no modifica el resto del planteamiento.

Durante la última década, los periódicos fueron convirtiéndose lentamente en obituarios con anuncios comerciales. La innegable crisis de seguridad es tal que si uno da click sobre una nota titulada Reportan doble homicidio en anoche en Soyapango, descubre al leerla que se habla en total de 25 asesinatos y un lesionado. La interrupción violenta de 25 vidas cabe en 313 palabras.  No hay forma en que eso no resulte tétrico. 

Esa síntesis sangrienta es posible, en parte, porque se presume que todos los fallecidos fueron ultimados por una causa en común: 24 de los 25 asesinados eran hombres, todos víctima de ataques sorpresivos con arma de fuego. Todos residentes en Soyapango, San Martín o Ilopango, zonas en las que la presencia de las maras es más tangible. Esos son los muertos reporteables en el gran esquema de lo que ahora se considera noticioso; lo es porque vende y porque contribuye al discurso homogeneizador en el que todos los homicidios están vinculados a pandillas (descartando al narcotráfico, otras redes criminales y los asesinatos comunes), discurso que va en línea con lo que la FGR y los medios han venido diciendo hasta ahora: si justifica el uso de medidas coactivas y vende, ganan todos. Esos muertos convienen.

Es letal ser un hombre joven en El Salvador. Lo ha sido desde tiempos de la guerra. Tener entre 15 y 24 años y vivir en este país es tener un blanco pegado en la espalda. A todas luces, es una situación perversa y denunciable. Sería ingenuo suponer ahora que todos jóvenes los asesinados en los últimos diez años lo fueron por tener vínculos directos con pandillas. Hay una cantidad absurda de repartidores de mercadería, vendedores ambulantes de pan, muchachos estudiantes que han sido asesinados por transitar por donde no deben. Hay jóvenes siendo impunemente desaparecidos por el Ejército por estar desempleados y vivir en territorio controlado por una pandilla. Hay madres en pánico, como la mía, insistiendo hasta las lágrimas porque mi hermano porte siempre el carné de minoridad. 23 años después del cese al fuego, todavía hay madres temiendo porque su hijo sea un desaparecido más.

Pero también hay otro tipo de homicidios que se reportan en combo. El de Yamileth Ticas, por ejemplo, apuñalada en la sien por su expareja mientras esperaba el bus en San Vicente. Junto al suyo se reporta el caso de un hombre que se suicidó tras haber atacado a machetazos a su pareja y creerla muerta. Estos no corresponden a la dinámica de los asesinatos de hombres jóvenes, tan frontal y visceral. Pertenecen a una categoría distinta, una que causa rechazo furibundo: femicidio. 

De cierto modo, este rechazo generado por el término femicidio demuestra que está cumpliendo con su labor: visibilizar, poner un nombre adecuado a lo que no puede considerarse un asesinato común. El femicidio no es una categoría antojadiza inventada por lesbofeministas, sino que responde a la ruptura violenta de un ciclo de abuso que se da en las relaciones afectivas* (vea el anexo 7, página 202) previamente identificada por Lenore Walker, una psicóloga estadounidense, en 1979:

Ciclo de violencia de género. ¡Ahora con dibujitos, para que ya no se haga el maje!

La ruptura del ciclo se da en el estallido final de violencia, el cual culmina en asesinato, sí, pero uno cometido por odio, desprecio, placer o sentido de posesión sobre una mujer.** El caso de Berta Bejarano, arrojada por su expareja frente a un bus en movimiento, es un trágico ejemplo de esto último en todas sus dimensiones, particularmente en la que busca disculparse socialmente al femicida: es un borracho (¿Y? El tipo caminó sobre la acera y se sentó a ver el cadáver. ¿Qué excusa cabe ahí?). Los crímenes de las pandillas son más atroces y reciben menores condenas. La culpa es de la mujer que se queda a ser violentada. Pobrecita. Ella se lo buscó. Todo esto se dice sobre la víctima, recién llegada al municipio. Venía huyendo de su victimario. Acababa de entablar una nueva relación. 

Quién sabe cuántas veces fueron violentadas Berta, Yamileth y la expareja del envenenado. Quién sabe si estaban conscientes de estar siendo violentadas. Eso nunca es fácil de asimilar. Como sociedad, estamos educados para entender como violencia solo aquella que es física y no vemos como tal la económica —"él no me deja trabajar"/"quiere que me quede en la casa, con los niños"—, la psicológica —nada menos ayer venía en una coaster junto a una tipa que discutía con su pareja. Él la había engañado y consideraba que no era motivo para molestarse. La llamaba loca, psicótica, enferma— sexual —sentirse obligada a tener cualquier tipo de contacto físico "para que deje de joder" es violencia. El contacto sexual debería ser siempre consensuado en libertad— o espacial. Luego, cuando una relación deviene en femicidio, la sanción moral decae en la estúpida que le aguantó tanto a ese borracho, ese loco. Eso es misoginia. Y a nadie le gusta que se lo hagan ver.

Las dinámicas de violencia contra los hombres jóvenes y las mujeres conviven en este rastro que damos a llamar país. Responden ambas a una violencia estructural que va más allá del control de territorio o la enfermiza noción del amor romántico como posesión. Conviven como expresiones de fenómenos más complejos y enraizados en dinámicas de desigualdad y exclusión socioeconómica. En resumen, nadie decente pensaría que hablar de una niega la otra.

¿Entonces por qué este señor piensa que sí?

Enlace al tuit original, media vez no lo borre su autor.

El señor es el jefe de datos del Grupo Dutriz (La Prensa Gráfica, Mi Chero, El Gráfico) y se define como docente universitario, lo cual vuelve su interpretación de la cifra más preocupante aún. Me gustaría preguntarle con qué feministas se está juntando o a cuáles ha increpado; personalmente, no conozco a ninguna que considere que denunciar las manifestaciones de la violencia contra la mujer invalide aquellas perpetradas contra hombres jóvenes. Sí se les invisibiliza, por otra parte, en sitios como los medios de comunicación tradicionales. Una nota con una mujer atacada a machetazos por su pareja no es tan llamativa (léase morbosa) como la que anuncia 2 fallecidos y termina reportando 25.

No sé si el señor sea misógino. Sí considero que su interpretación de esos datos (cuya fuente no reveló) lo es. No sabemos si esas 81 mujeres asesinadas entre enero y marzo vivieron ciclos de violencia que cataloguen a sus muertes como femicidios. Empero, si el señor trabaja interpretando datos, y asumiendo que obtuvo estos números de estadísticas judiciales,  debería estar al tanto de que las víctimas de sexo femenino están menos dispuestas a interponer denuncias al sufrir agresión; de que el sistema judicial no provee medidas de protección adecuada a víctimas de violencia ni a testigos de hechos criminales (a secas, sin distinción de género). Los boletines estadísticos de la CSJ están en línea. La PGR considera las gestiones de su unidad de género como de interés público y brinda los datos en cuestión de 10 días hábiles. Esta es información que cualquier ciudadano puede corroborar.

Empero, lo más grave es la tácita implicación de que 1039 hombres asesinados son más ¿graves? ¿relevantes? que las 81 mujeres en igual situación. No, señor: cada una de esos asesinatos debería ser igual de inaceptable socialmente. Cada uno de esos 1120 actos violentos debería ser igualmente condenado. La diferencia es que en algunos de ellos, no sabemos cuántos, las víctimas murieron dentro de un ciclo de agresión iniciado por sus (ex)parejas, respaldado por sus entornos e invisibilizado socialmente. La diferencia es que hay una violencia visible, tangible e incuestionable y otra que no. La diferencia es que cuando un pandillero asesina a un vendedor de pan nadie lo excusa socialmente. Al femicida, sí. Por eso es que "las feministas", ese mítico colectivo, parecen concentrarse en ese íngrimo y estadísticamente irrelevante 7.2% de asesinatos: porque todos merecemos dignidad en la muerte. Y eso significa conocer la verdad de la misma. 

Ninguna feminista negaría la gravedad de la crisis de seguridad nacional no por ser tal, sino porque es ciudadana, vive inmersa en una sociedad que resuelve todo, desde disputas viales hasta la transfobia; desde los celos hasta el no ceder un asiento de bus, matando. Por eso mismo, en una sociedad sumergida en notas de asesinatos, de la inoperancia del Estado ante los mismos y las estructuras comerciales que se benefician de esta sociedad para la muerte (medios de comunicación, agencias de seguridad privada, funerarias, etc.), es necesario rescatar que dentro de este paroxismo social hay quienes son víctimas de un tipo especial de violencia por ser quienes son. Y si eso que son, ese devenir mujer, engloba a más del 50% de la población, este merece ser visibilizado. 

*Uso relaciones afectivas y no domésticas porque la convivencia hogareña no es imprescindible para estas manifestaciones de violencia

**Véase Caputi, Jane, 1989, “The Sexual Politics of Murder”, Gender & Society, vol. 3, núm. 4, diciembre, pp. 437-456.

Mayteé Iraheta no es mi diputada porque fue candidata por Sonsonate. De haber podido votar por ella, tampoco lo habría hecho: no coincidimos ideológicamente. Mayteé es menor que yo y es diputada. Yo escribo este texto mientras me hago la loca y evado leer para un parcial porque Wittgenstein me da miedo.

Como nací y voto en San Salvador, mi universo de mujeres en política, de mujeres de derecha, empieza y acaba en Milagro Navas, Ana Vilma de Escobar y Milena de Escalón. Todas personas maduras, quizá ya hasta menopáusicas. Todas mujeres "plenas", que acá significa estar casadas (o ser viudas) y haber tenido hijos. Todas en traje sastre, con semblante serio; si sonríen, están en riesgo de verse demasiado suaves, demasiado maternales y por ende muy poco capaces para la toma de decisiones en el ámbito partidario y público (aclaro lo de partidario porque si bien la derecha de ARENA y el PCN ha tenido a mujeres como jefas de fracción legislativa, no han logrado estar al frente del partido en pleno). No sé cuál será el ideario de una mujer política en el interior del país, pero si se hace el ejercicio de pensar en una mujer electa mediante voto directo para un cargo público, usualmente la imagen que se nos viene a la mente es de una mujer que se ve como Michelle Bachelet o Angela Merkel.

Pero Mayteé tiene 26 años y está embarazada. Abogada, hija de fundadores del partido, fue reina de belleza dos veces, según esta entrevista que le hiciesen este mes. En ella, aparte de abordar el hecho de que es la persona más joven en haber sido electa para la Asamblea y cómo piensa combinar su embarazo con el trabajo, se discuten sus posturas sobre temas como reformas a la educación y la formación política de los jóvenes. Mayteé tiene ideas claras: la educación necesita incorporar el temor a Dios. La abstinencia es la mejor forma de educar sexualmente. Los menores necesitan cursar Moral y Civica en las escuelas. Estas son sus propuestas y van muy acorde a sus creencias y su ideología, pero el foco de la discusión que ha surgido en su entrevista no son sus ideas ni su trayectoria, sino su embarazo.

Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas de Mayteé. No veo por qué la norma religiosa (que solo vincula al creyente con Dios) deba usarse como base para políticas públicas. No creo que la abstinencia sea la respuesta para bajar la tasa de embarazos (ni que la meta deba ser reducir el número de adolescentes sexualmente activos) o que la moral sirva de algo (ya fue asignatura obligatoria. Nos matamos igual) cuando su enseñanza está a manos de un estado como el salvadoreño, pero ella representa a un enorme sector de la población que comparte sus intereses y tiene todo el derecho de hacerlo. Son sus ideas y no su útero lo que debe estar bajo escrutinio. Son ellas las que importa porque es sobre esa base que ejecutará su función en el pleno legislativo, buscará consensos, apoyará o rechazará iniciativas de ley. Mayteé, con óvulo fecundado o sin él, con ideas que concuerden con las mías o no, tiene todo el derecho de ocupar el curul para el cual fue electa.

Pero de alguna manera todo lo que ella es, su cosmovisión, el ideario con el cual comulga, su carrera y sus elecciones laborales quedan invalidadas por el hecho de estar embarazada. Ella es reducida a un útero que gesta, a una cantidad de dinero "desperdiciada" en la funcionaria pública que tomará tres meses de licencia de maternidad que se pagarán con los impuestos de todos. Leo esos comentarios y me aterra ver cómo funciona este país en el que el ciudadano común piensa igual que el dueño de la maquila: emplear a una mujer embarazada es una pérdida de dinero porque ella no produce.

Esta postura es aterradora, especialmente en un país que ha creado para sí un mito absurdo, el del salvadoreño trabajador, para volver más digerible la miseria. En el debate surgido se denotan cosas tan graves como que atender a un bebé equivale a no hacer nada, que pagar una licencia de maternidad es una pérdida de dinero y que ella no es capaz para ocupar una diputación porque su trabajo ha sido ser bonita. Mayteé no logra siquiera ingresar al mito de la madre sacrificada porque viene de una familia presuntamente de dinero. Es una pobre babosa que se dejó preñar en mala hora y que ahora parirá. Una vivianada. Eso se dice en los debates.

Ella habla en la entrevista de que el embarazo es bello y que la educación en abstinencia no debería consistir en temor a engendrar. Tener un hijo en condiciones de seguridad material y emocional, por voluntad propia y conscientemente seguro es bello, pero no son compartidas por todas las personas gestantes, peor en un país en el que todas las formas de interrupción del embarazo son ilegales. Hay gestantes solteras que no tienen forma de sobrevivir sin un empleo, que no tienen apoyo familiar. Para ellas, subempleadas y explotadas, el derecho a una licencia de maternidad con goce de sueldo les garantiza invaluable tiempo con sus hijos recién nacidos, la conservación de su empleo y la recepción de un sueldo mientras están en su casa sin hacer nada durante tres meses, como afirman los comentaristas.  Las garantías legales existen para todos, no solo para quienes puedan caer o no en un supuesto del Estado. Que la licencia de maternidad beneficie por igual a la diputada recién electa que a la enfermera, la trabajadora de maquila o la abogada es uno de los beneficios del estado democrático de Derecho.

Que Mayteé tenga forma de sobrellevar su embarazo sin trabajar es algo que se presume financieramente hablando, pero en ninguna parte de la discusión se ha contemplado lo que ella manifiesta tan claramente en la entrevista: su objetivo, su deseo es trabajar. Tener un hijo no le representa un obstáculo (bendito sea Dios; esto no es 1960). La licencia por maternidad es un derecho de todas las empleadas, no únicamente de las diputadas de la Asamblea. No entiendo el punto de este debate cuando lo que subyace es el goce de derechos laborales.

El cuerpo de las mujeres y el uso que le den es, en las sociedades patriarcales, res pública. Por extensión, cuando me refiero al uso del cuerpo femenino hablo de comportamiento sexual. Si como sociedad existe cierto empoderamiento para hablar de las decisiones reproductivas de una funcionaria pública es porque lo consideramos de interés popular.  Estamos discutiendo el estado gestante de Mayteé porque es una empleada pública, pero el asunto no muere acá. Si por azares del destino se descubriese que una diputada es adúltera, El Salvador ardería en deseos de expulsarla de la Asamblea por inmoral, por quebranto a la moral intachable que requiere la Constitución como requisito para la diputación. Nada de esto pasaría si el adúltero o futuro padre fuese un hombre. No nos vayamos muy lejos: Francisco Merino le disparó a una agente policial siendo diputado y ahí sigue, campante y feliz, ocupando puestos públicos.

Como los procesos de selección de candidatos son confidenciales, no tenemos como sociedad forma de saber si Mayteé o Cristina López y la (ahora) larga lista de mujeres (en edad fértil) candidatas a diputaciones fueron propuestas para el puesto por ser capaces o por el hecho de tener ciertos caracteres sexuales. Podemos suponer, hasta ahora, que dentro de sus partidos políticos existió una cualificación previa y no solamente alguien que gritara: "hey bicha, vení; necesitamos hembras para la papeleta". Quizá sea riesgoso suponer que gracias a ello se decidió la candidatura de Mayteé, pero es un punto de partida. Cada una de las diputadas tiene tres años para demostrar su idoneidad para el cargo que ocupan y el decidir tener hijos durante este periodo no debería influir para nada en la evaluación de su labor.

Quizá dentro de algunos meses Mayteé Iraheta tome la palabra en una sesión plenaria y diga que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo es una aberración. Quizá sea suya la iniciativa de ley que prohiba la entrega irrestricta de anticonceptivos a menores de edad en el sistema de salud pública o impulse la incorporación de Moral y Cívica al currículo educativo. Quizá ella esté de licencia de maternidad y su diputado suplente sea el voto que defina la militarización total de la seguridad pública. A pesar de que todo eso es probable, de que va en contra de lo que yo creo y el solo pensarlo me da pirruña, apoyo por completo que sea diputada. La decisión de ser madre no debe ser nunca obstáculo para que una persona ejerza un trabajo, menos aún un cargo público.

El primer registro que encuentro en línea es del 13 de julio de 2005.  Rodolfo Parker, diputado del PDC, presentó una moción ante la Asamblea Legislativa para modificar el artículo 32 de la Constitución a fin de que especifique que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer así nacidos (LOL). El 24 de abril de 2006, a pocos días del fin del mandato de esa Asamblea, el entonces presidente Saca comprometía los votos de la fracción de ARENA en apoyo a la propuesta de Parker. Se aprobó en plenaria extraordinaria en la medianoche del 29 de abril, última sesión del periodo saliente. La Asamblea entrante (2006-2009, con mayoría del FMLN) no ratificó la enmienda y hubo que esperar dos periodos legislativos más para volver a discutirlo. Haga numeritos. ¿Ve por qué estamos hablando de esto?

«Ese chucho es culero, don Tony. Suéltelo; algo se le va a pegar».

Debido a mi juventud y lozanía, en verdad no recuerdo si el matrimonio igualitario y las adopciones universales fueron discutidas en periodos anteriores a la gestión legislativa 2003-2006. Sí creo que ahora que las plataformas digitales permiten que el discurso ya no sea monopolizado por la prensa tradicional es posible tener otro tipo de conversación al respecto. Una que, por ejemplo, me permita decir que toda discusión sobre el matrimonio igualitario es infructuosa. Su único fin es distraer al ojo de la opinión pública. 

Desde que resurgió el tema la semana anterior, he intentado evadirlo. En otros tiempos yo habría tratado de argumentar que el matrimonio era una figura consuetudinaria antes que religiosa, que en términos fiscales su aprobación solo traería beneficios, que la norma religiosa regula el comportamiento del individuo ante el prójimo y que por naturaleza solo vincula al creyente con Dios; por tanto, no es ni debería utilizarse para hacer ley. Por dicha, hay otras personas en este mismo espacio que han tenido la paciencia de hacerlo (gracias, Bessy).

Esa soy yo cuando escucho las plenarias en la radio de la Asamblea.

Volviendo al punto, sé que es poco diplomático afirmar que toda la discusión sobre el matrimonio igualitario en El Salvador es inútil, pero lo sostengo. Pew Research, que vendría siendo como el CID Gallup de la gente que puede contar sin usar los dedos, hizo el año anterior un estudio sobre las posturas religiosas en América Latina. Una de las variables que se estudiaron fue el apoyo por país al matrimonio igualitario. Los resultados no son nada sorprendentes:

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Ajá, El Salvador es el país en el que menos gente apoya la salvaje idea de que una se pueda casar con su novia: solo el once por ciento de los encuestados lo hace. Damos por sentado lo que ya sabemos: este país está lleno de mini Julia Reginas. Qué miedo.

«Pero Virginia», dirás vos, «es justo por eso que el tema del matrimonio igualitario debería discutirse más».  En cierta medida es cierto, de no ser por un problema: es poco probable que los argumentos individuales a su favor tengan eco cuando no hay un trabajo político que le acompañe. Las organizaciones LGBTI, cuya única apuesta hasta ahora ha sido dialogar con el FMLN, dirigen sus escasos fondos para trabajar con un sector de la comunidad mucho más vulnerable a la violencia recalcitrante (física, económica, social) de El Salvador: la población trans. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Casarnos no es prioridad cuando nos están matando con lujo de barbarie por el simple hecho de ser.

Es debido a ello, aventúrome a decir, que las organizaciones LGBTI han confiando en el FMLN y únicamente el FMLN el trabajo político que se requiere para llegar a tener una discusión seria sobre el matrimonio igualitario. A vista de las organizaciones, esto ha tenido algunos frutos: Ciudad Mujer contrató en primera instancia a mujeres trans o lesbianas (a las que luego despidió u orilló a renunciar) y se creó en 2010 una Dirección de la Diversidad Sexual, de cuyo trabajo nunca se escuchó mayor cosa. Es evidente que estos, junto a la firma del decreto ejecutivo 56, que compromete al Estado a erradicar la discriminación por orientación sexual dentro de la administración pública, son logros del Ejecutivo. Empero, en donde resulta más urgente el apoyo del FMLN es en la Asamblea Legislativa.

Desde 2006, todo el apoyo que históricamente se ha recibido de la fracción legislativa del FMLN es silencio. Ni siquiera intervenciones en las plenarias, ni siquiera votos en contra: silencio. Si existe la intención en la izquierda de reconocer que las parejas no heterosexuales tienen derecho a legalizar sus uniones, ese apoyo está enclosetado. ¿Le causará miedo al FMLN proclamar que las personas del espectro LGBTI somos plenos ciudadanos y que nuestra identidad de género u orientación sexual no constituye impedimento jurídico para ser sujetos de derecho en El Salvador?  Apuesto a que se siente feo enfrentar el rechazo de la mayoría de la sociedad. Intuyo que hay un grupo que conoce ese temor, ¿quiénes serán?

Si nuestro único aliado político nos «apoya» únicamente cuando esto le significa votos y no cuando esto implica construir un marco legal equitativo y duradero, ¿de verdad nos está apoyando?

Es por esto que digo que es infructuoso hablar de matrimonio igualitario: estamos políticamente solos. Las voces que monopolizan el discurso sobre el tema son de derecha y el escenario no se modificará si no tenemos forma de participar en la discusión. Ni las organizaciones LGBTI (con recursos limitados y escenarios más urgentes) ni la izquierda institucional (enfrentada, de apoyarnos,  a un 89% del electorado) moverán un dedo por el matrimonio igualitario. Entonces, ¿por qué hablamos de esto?

Yo tengo claro por qué lo hago: los derechos de la población LGBTI constituyen una enorme cortina de humo rosa a la cual se apela en dos momentos críticos: las coyunturas electorales o las crisis en cualquier extremo del espectro. ¿Quieren ejemplos? Okidoki.

Regresemos a la primera parte del texto: Rodolfo Parker, diputado del PDC, presenta en la Asamblea Legislativa una moción para hacer constitucionalmente explícito que el matrimonio es entre hombre y mujer así nacidos. ¿La fecha? 13 de abril de 2005. ¿Qué ocurría entonces en el escenario político nacional? En las elecciones de 2004, ¿qué partidos políticos no lograron el 3% de votos necesario para subsistir? ¿Qué partidos políticos fueron resucitados shucamente con el Decreto Legislativo 586 el 19 de enero de 2005? ¿Qué partidos políticos necesitaban desesperadamente volver a ser relevantes? Oh sí, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Conciliación Nacional. ¿Para qué sirven los maricas? Para recobrar relevancia política.

El 29 de febrero de 2012, un par de días antes de las elecciones municipales y legislativas, se discutió en pleno, de nuevo, la misma moción de Parker. Sí a la Vida activamente amenazó con hacer campaña política en contra de los diputados que votaran en contra de la propuesta. ¿Para qué sirven las maricas? Para ganar votos de ultraderecha en un país recalcitrante y cristiano a conveniencia.

16 de abril de 2015. Vuelve la burra al trigo. Se celebra con bombo y platillo la aprobación de la reforma (de nuevo). Un día antes renucia el secretario de Gobernación. Un par de días después,  el Gobierno de El Salvador (ah, para eso sí hay coordinación entre el FMLN del Ejecutivo y el del Legislativo) anuncia la creación de batallones militares especiales para combatir a las pandillas y se devela ante la opinión pública que la Fuerza Armada ha vendido armamento militar a narcotraficantes. ¿Para qué sirven las maricas? Para distraer de la inminente escalada de la compleja situación de seguridad pública.

Es inverosímil pensar en la viabilidad de la aprobación del matrimonio igualitario en un contexto en que las personas a quienes impacta no tienen oportunidad de participar de su discusión. Es ingenuo pensar tal cosa. Históricamente ha habido un monopolio de las fuerzas políticas de derecha que es, hasta ahora, el único interlocutor en la defensa de un ideario de familia que no se ve afectada negativamente por la ampliación de su definición. Cualquier mención al matrimonio igualitario en la opinión pública es, de facto, peyorativa. La derecha ha venido haciéndolo con el silencio cómplice de la izquierda, misma que ahora se aprovecha políticamente de esta cortina de humo rosa, con plumas y brillantina, para ocultar a pausas que es igual de recalcitrante y totalitaria que la derecha a la que políticamente se opone.

Si algo bueno puede devenir de esta coyuntura es, espero, una ampliación del panorama político de las organizaciones LGBTI. No es sano seguir pensando en el FMLN como único y enclosetado aliado. ¿Será demasiado osado pensar en la construcción hormiga, en personas de la diversidad que contribuyan desde organizaciones civiles o partidarias en la remoción de la carga peyorativa y pecaminosa que pesa sobre la inmoralidad de amar a alguien de tu mismo sexo? ¿Es aventurado pensar en alternativas que desde fuera influyan a los medios de comunicación y los ámbitos comunitarios? Quizá lo sea, sí, pero yo no le veo otra opción.

Cada cierto tiempo, usualmente en vísperas de elecciones de alcaldes y diputados, surge en la esfera política una joven promesa, un talento juvenil que representa la "renovación" del partido en cuestión. Esta persona —usualmente un empresario (¿a quién se le ocurrió que manejar empresas y generar política pública son lo mismo?)— tiene siempre ideas innovadoras y está libre de las arcaicas formas de pensar que tanto dolor han traído a nuestro país. Su rostro representa a la juventud salvadoreña (aunque el tipo —siempre es un hombre— tenga cuarenta años) trabajadora, impetuosa, lista para corregir el rumbo del país. ¿Le suena familiar?

Breve repaso:  Fidel Chávez Mena (PDC) y Armando Calderón Sol (ARENA) eran las jóvenes promesas de 1987, durante las primeras elecciones de diputados y alcaldes de la era democrática (jijijijijí, la ligereza con que usamos ciertos términos) de El Salvador. Chávez Mena era un prometedor  (y guapo) Ministro de Planificación que aspiraba a ser presidente; Calderón Sol era diputado y llegó a ser alcalde de San Salvador en 1989. Su chispa juvenil y la deplorable trayectoria de  su antecesor (Antonio Morales Erlich) en la comuna  le permitieron que aún sin hacer mayor cosa la mara votara por él como presidente de la República en 1994.  Antes de ellos, el joven maravilla de los sesenta-setenta era José Napoleón Duarte. Y para atrás jala la yunta.

Duarte categórico en 1964. #YOLOSWAG

Ninguno de esos tipos tenía en realidad más capital político que ser una joven promesa y aunque representaba una «nueva forma de hacer las cosas», sus postulaciones no propulsaron en sus partidos políticos renovación alguna. Fueron, todos ellos, el equivalente masculino de las Cover Girls (pero con respeto, dinero, poder y esas cosas que una mujer no logra en esos ámbitos si no es porque se casó con alguien). Ninguno de ellos logró ejecutar el relevo generacional que representaban y no estoy tan segura de que tuvieran la más mínima intención de adecuar a sus partidos a las nuevas realidades sociopolíticas. Querían un hueso y ya.

Lo curioso es que todos ellos fueron en algún momento la versión Jardín Infantil de ARENA o el PDC. Era indispensable que la cúpula de sus partidos, compuesta por fósiles líderes históricos, diese su aval para que la cipotada pudiese ser el nuevo rostro de la institución. Eligieron sí, a un bicho, pero a uno que no fuera amenaza al statu quo, a uno que no fuera a apartarse mucho de su forma de hacer las cosas. ¿Con qué objetivo? Perpetuarse en el poder.  Yo no llamaría a esto un relevo generacional en el sentido que se le ha dado desde octubre.

Creo que ese ha sido el principal error de esta campaña en particular, asumir que el hecho de postular a personas jóvenes implica per se un relevo generacional. Ni Ernesto Muyschondt ni Nayib Bukele ni Johnny Wright Sol ni el infinito etcétera de rostros nuevos en sus partidos correspondientes representan (ni buscan impulsar) una nueva manera de hacer las cosas. Eso no es un relevo generacional, es simplemente renovar imagen.

¿Qué implica para mí, entonces, una auténtica renovación dentro de los partidos? Es claro que si yo me afilio  a un instituto  político cualquiera  lo hago porque concuerdo ─en alguna medida─  con sus ideales y no necesariamente con cómo se concretan. Por ejemplo, vea esta sección de los principios de ARENA:

Disponible en línea

Una joven promesa afiliada a ARENA podría considerar que nada en el texto resaltado justifica la negativa del partido a apoyar la legalización del matrimonio igualitario, pero la cúpula no está de acuerdo. Ese discordia entre militantes no es, piensa esta persona, motivo suficiente para abandonar al partido porque a pesar de ello sigue coincidiendo en otros de sus ideales: la defensa de la libre empresa, el estado reducido, etc. La suya sería otra forma de hacer derecha nacionalista, de intentar adecuar a una ideología dada a una coyuntura que el COENA actual no puede comprender del todo por senectud, radicalidad o lo que sea. Ese fulano y otros como él sí representarían, al menos para mí, un relevo generacional adentro de ARENA. 

En términos concretos, de nada me sirve que Johnny Wright haya sido bombero ni que Muyschondt se tome fotos en el mercado si al final van a seguir votando por las iniciativas legislativas que le indique el jefe de fracción.  Al final, lo que importa es eso, que un candidato joven, viejo o salvadoreño no nacido sea una persona que defienda sus opiniones no solo dentro de las sesiones plenarias, sino que su criterio sea respetado dentro de un partido político. Caso contrario, lo único que ocurre es que los partidos están postulando a gente nueva porque ahora uno ya les ve la jeta en la papeleta y no quieren dar la impresión de ser los fósiles que en verdad son. Terminan viéndose así: 

«Holi. Soy la nueva forma de hacer política. Demen like, bichos»

Este afán por postular jóvenes o gente nueva que no tiene formación relevante al ámbito político se ha salido de control en estas elecciones: desde la hija de Jhosse Lora (GANA) hasta Cristina López (PCN) a los hijos de Will Salgado, Francisco Merino (ambos en el PCN) y Armando Calderón Sol (ARENA) ─los tres últimos candidatos  al PARLACEN─ lo que hay es una clara intención de proponer tontos útiles a que llenen escaños porque sí, porque en algún momento a las cúpulas les dará el patatús. Me niego a creer que en todo el país no haya un grupo de gente crítica y con inclinaciones al servicio gubernamental que sean más aptos para un cargo de elección popular. Me niego.

En este contexto, el FMLN es un caso peculiar. Si bien todos los partidos políticos han hecho el ridículo durante esta campaña, espero que coincidamos en que pocos candidatos necesitan urgentemente una guacalada diagua'epila a las 5 am como Nayib:

 

Nayib hace andar a un tullido. Esperemos que ya pronto convierta el agua en vino #ElMesías

Una foto publicada por Huishte (@huishte) el Oct 27, 2014 at 6:34 PDT

 

No solo las Nuevas Ideas fueron el lema de campaña de 2013 de Dilma Rousseff y el discurso de presentación de su plan de gobierno virtualmente se pirateó el Yes, We Can de Obama, sino que su estrategia política no es más que el viejo mesianismo para el propio beneficio que también usaran en su tiempo Funes, Saca, Duarte...  por dios, si el discurso de Nayib incluso cerró con la misma canción de U2.

♫ Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air♫

TL; DR: el relevo generacional no es esto, mara. Es algo que debería construirse en los institutos de formación política de cada partido (la UCA y la UES también tienen diplomados así). Y hay formas menos ridículas de postularse a puestos de elección popular. Por esto es que les dije que es importante saber qué tipo de votante somos y por qué.

 PD: por si son bichos Multiplaza, el papi fútbol lo juegan en los pueblos o empresas y cada equipo está conformado por  puros viejitos.

En el texto anterior intenté explicar por qué era necesario romper el silencio sobre la Ofensiva Final desde una perspectiva individual, familiar y colectiva. Nadie habla de la Ofensiva en entornos familiares; sabemos lo que vemos en la televisión o lo que dicen los libros de texto, no lo que ocurrió con nuestra casa o nuestros parientes, si hubo enfrentamientos en nuestra colonia, si a nuestra familia le tocó huir. Conocemos las consecuencias, a lo sumo, pero no las vivencias. Y dije que ese silencio familiar hace daño al niño nacido durante la guerra, mismo que hoy es un adulto. No expliqué por qué.

Por dicha, no es necesario ir más allá de los comentarios de ese mismo post para exponer mi punto:

El comentario de Alex es interesante por sí solo, pero cabe hacer mención a que la Comisión de la Verdad afirma lo siguiente en la página 41 de De la locura a la esperanza:

Volveremos a su comentario luego. Es el de Blah el que nos sirve para hablar de lo más grave: para el salvadoreño, cualquier intento de divulgación, de buscar conocer la verdad es visto como sinónimo de comunismo. Quizá al comentarista le parezca razonable asumir algo así: son los comunistas (¿quiénes?) los que lloran por la guerra, los que viven, asume, explotando víctimas; colgándose de acusar al Ejército de la barbarie cuando ellos, como afirma Alex, también mataron.  ¿De dónde sale esta noción?

Algunos estudios de psicología social hablan de la transmisión del trauma psicosocial de una generación a otra (gracias a la Ligia, siempre oportuna).  Una de las características de este tipo de trauma, dice, es «…que la presencia de eventos traumáticos siempre afecta las relaciones sociales y su mantenimiento a través del tiempo». No es, entonces, una respuesta razonada: al escribir su comentario, Blah no se detuvo a revisar qué es comunismo, cuáles son sus características, menos el cómo puede buscar conocer la verdad de nuestra familia y nuestro país ser sinónimo de ello. En su entorno social hay un discurso, uno quizá aprendido de los medios de comunicación o el ambiente político, en el que comunismo significa todo aquello que va en contra de algo, lo que sea, que contradiga el discurso oficial. En consideración a Alex, incluiré además que de ese mismo modo, hay otro espectro de la población en la que se asume de facto que el neoliberalismo es el origen de todos los males y que todos los empresarios son corruptos y asesinos.

Ninguna de esas posturas es cierta, pero ambas son convenientes. Si toda oposición es comunismo y todo empresario es corrupto, no hay adónde perderse: votaré siempre por aquel partido que represente mis intereses. No hay medias tintas ni espacios grises.  Provienen ambas, eso sí, de traumas psicosociales: mucha parte de la violencia de guerra tenía por objetivo demostrar poder: la tortura y el abandono público de cadáveres (a la usanza medieval, haciendo público el castigo) eran  amedrentamientos, vulgares muestras de lo que ocurría a cualquiera que se apegase al arquetipo del militante de izquierda según no solo los cuerpos policiales y el Ejército, sino también todo un grupo de informantes civiles.

La guerrilla derrumbaba puentes y torres de suministro eléctrico como forma de desgaste a las finanzas del Estado, sí, pero también para demostrar que podía. Mataba jueces y alcaldes por ser representantes de una forma de gobierno que consideraban ilegítima. De ahí surgen los epítetos comunista, matavacas, terengo, etc. En ese nombre se encierra todo lo que me amenaza y con él designo a todo lo que se opone a lo que yo soy.

Blah representa a un sector mayoritario de la población, para bien o para mal, uno que ve que los testimonios sobre la guerra son siempre de desplazados, exmilitantes o excolaboradores de la izquierda o víctimas de violencia estatal y creen, por tanto, que intentar rescatar la historia es un asunto de comunistas. El discurso oficial fue claro: perdón y olvido. El de la población más afectada por el conflicto, pero excluida de los medios de comunicación (el otorgamiento de frecuencias radiofónicas solamente por subasta es el mejor ejemplo de ello) es el rescate de sus vivencias.

Empero, críticas como las del comentarista vuelven necesario considerar si no habrá por parte de ambos extremos del espectro político una manipulación política de la historia. Al FMLN le conviene perpetuar que está del lado de los más pobres para ocultar su férrea oposición a la democratización de las elecciones libres. A ARENA, mantener vigente la amenaza del comunismo. A ningún partido político le conviene que la población hable, pregunte o busque saber qué pasó en sus familias durante la Ofensiva y el conflicto armado en general. Hacerlo significaría liberar a la historia de la manipulación política y acercarnos a la reconciliación nacional.

En este entorno crecimos nosotros, los hijos de la guerra y del silencio. No necesitábamos saber qué pasó, según nuestras familias y la sociedad. Lo único que debemos saber es que el malo, el asesino, el criminal es el otro. A eso le llamaron historia. Con esa noción del país nos hicimos adultos. Por supuesto, esto es crucial para el tipo de votante en que nos convertimos. De esto hablaremos el viernes.

He estado hoy en un encuentro con comunidades de desplazados que convivieron con los sacerdotes asesinados en la UCA. Ellos suelen ser el rostro del rescate de la memoria histórica. Contrario a lo que gente de mi generación o la anterior creen,  no hubo una sola mención a los militares, ARENA satánica o Ponce asesino. En sus testimonios se habló de cómo en sus campamenos y comunidades repobladas fundaron escuelas, talleres, cooperativas; de cómo lograron y aún logran sobrevivir en sitios en donde no existe el Estado ni la ANEP.

No había ningún rastro de rencor en sus comentarios, a pesar de ser conscientes de que la pobreza en la que viven es resultado de estructuras socioeconómicas injustas. No había odio contra la derecha ni el Estado, tampoco confianza ciega en el FMLN. Los testimonios de vida que escuché hoy venían de personas que reconstruyeron sus vidas dentro de una comunidad en la que la memoria es un punto de partida, un pasado atroz al cual no recordar con afán vengativo ni con esperanzas de reparación de daños alguna. La memoria en las comunidades de desplazados es un punto de partida, una declaración: de este horror venimos y haremos lo posible para nunca volver a él.

Es frecuente escuchar a la gente compartiendo sus vivencias sobre eventos históricos. La mara de mi edad, por ejemplo, comenta que estaba en clases durante el terremoto de febrero de 2001. Nuestros padres hablan del sismo de 1986. Se comenta también dónde y cómo nos enteramos del atentado a las Torres Gemelas o la muerte de Selena. Hablar de estos eventos inconexos, de dónde estábamos y qué sentimos cuando nos enteramos de ellos es, aunque parezca banal, una forma de construir comunidad.

El 11 de noviembre inicia la conmemoración del 25 aniversario de eventos que cambiaron el rumbo del país y que mi generación no recuerda porque ocurrieron cuando éramos muy niños.  Algunos sabrán que mañana se cumplen 25 años de la noche en que el FMLN lanzó la Ofensiva Final; otros tendrán presente que el sábado recordaremos que el Batallón Atlacatl entró a la UCA con la orden de matar a Ignacio Ellacuría y no dejar testigos. Para la mayoría, empero, lo único relevante de esta semana es que el viernes pagan la quincena.

Durante esta semana, los días lunes, miércoles y viernes, hablaré acá de tres puntos cruciales en este aniversario de la Ofensiva Hasta el Tope: el silencio al respecto, el papel que este juega en la reconciliación nacional y algunas notas sobre la enorme deuda del conflicto: la renovación política.

La indolencia ante estas fechas no es completamente culpa de mi generación. La gente de mi edad entró a la escuela en 1993, apenas un año después de la firma de los Acuerdos de Paz. Todo estaba en el aire y era muy inseguro hablar de política en la colonia, en la familia, ¿por qué habría de importar hablar de ello con niños? Ellos, nosotros, no necesitaban saber que su familia vivía con sus abuelos porque la Fuerza Aérea bombardeó su casa, que  un señor murió al atreverse a salir a comprar pan bajo el fuego cruzado (foto 15). Tampoco necesitaban, necesitábamos saber que algún familiar nuestro desapareció durante meses porque decidió incorporarse al alzamiento popular fallido. Eran, éramos, niños.

Sin embargo, crecimos a tiempo para ser beneficiarios de la Reforma Educativa de 1998 y la incorporación del conflicto civil al plan de estudios de, gulp, bachillerato. Sabríamos qué pasó, quién combatía contra quién y por qué; incluso que se logró un ejemplar cese al fuego. Quizá para entonces, cabía esperar, el silencio familiar y comunitario se habría suavizado y algo sabríamos sobre la tía desaparecida o las circunstancias en que murieron esos primos, padres o abuelos que solo conocimos por fotos. Eso no ocurrió. Algunas páginas escuetas en un texto de Estudios Sociales no habrían de reparar el enorme daño que le hace el silencio a un país que fue desangrado durante tanto tiempo. A pesar de que los protagonistas políticos y militares que sobrevivieron a la Ofensiva siguen vivos o murieron impunes, poco se habla en la palestra pública sobre ese mes en 1989 que dejó más de dos mil muertos, bombardeos militares en zonas habitacionales y el decapitamiento de la UCA. 

Afiche del XXV aniversario de los mártires de la UCA. Sitio oficial.

Este silencio familar no es del todo injustificado; la muerte de las víctimas civiles del conflicto podría ser inexplicable para los sobrevivientes: viudas, padres, hermanos o cónyuges que nunca esperaron ser atrapados por la guerra, que no imaginaron que un sábado en la noche escucharían explosiones por todos lados. Primos, amigos que quizá planeaban ir a la Feria del Hogar (que había empezado el 3 de noviembre) o acababan de graduarse de bachillerato y de repente les fueron arrebatados por la aviación, una mina o el fuego cruzado. El dolor de la muerte y vidas arrebatadas sin anuncio, sin razón. 

Pero los niños de la guerra crecieron criados por abuelos que guardaban luto por sus propios hijos muertos; quizá tuvieron suerte de vivir con unos padres que luchaban cen su intento de reincorporarse a la vida civil: no salir corriendo al ver una patrulla, no buscar refugio al escuchar volar un helicóptero. Ellos también decidieron callar, quizá por seguridad (una idea no tan desubicada si tomamos en cuenta el caso de Francisco Velis, miembro del comité político del FMLN y ejecutado en octubre de 1993) o por un deseo de dejar la guerra atrás. Criaron a sus hijos en casas en las que no se habla de política ni de una parte crucial de sus propias vidas; criaron adultos que hoy piensan que hablar de la Ofensiva es reabrir heridas del pasado, despertar rencores y que debemos como país ver hacia adelante.

En mi generación todos somos hijos del silencio, sea este estatal o familiar. Yo fui a la escuela con ellos; conocí sus casas. Les vi llorar inconsolables al encontrar una foto de sus padres en los archivos de los sindicalistas desaparecidos de la UES y por fin entender el comportamiento de su propia familia. Los he leído encontrar a sus familiares en el Libro Amarillo.  Conozco a algunos que perdieron tías, tíos por ser jueces o alcaldes en municipios reclamados por el FMLN. Este silencio sobre el pasado nacional, ese que es nuestro aunque solo éramos unos bebés, es también un impedimento hacia la verdadera reconciliación.

Algunos de estos jóvenes nacidos en los ochenta que algo recuerdan del Inspector Gadget y Nubeluz preguntarán, no sin algo de razón, de qué sirve hablar de la Ofensiva y sus resultados cuando ya la izquierda ganó. Esta duda encierra en sí mismo por qué nuestros padres, nosotros y las nuevas generaciones de salvadoreños urgen conocer, discutir y sanar su historia reciente: el objetivo del FMLN era revertir las condiciones de desigualdad, corrupción y opresión que imperaban en el país como resultado de las dictaduras militares y los gobiernos de Duarte y Cristiani. ¿Qué tanto de esto se cumplió cuando los otrora revolucionarios ahora se niegan a democratizar los mismos espacios cuya apertura reclamaban? Hablar de nuestra historia es necesario no tanto por el Frente ni por ARENA, la Tandona o los ríos de sangre derramados en este país como resultado de diversas formas de exclusión económica y social, sino por algo muy elemental: hablar de la historia de El Salvador es hablar de nosotros. Es conocernos. Es perdonarnos como país, aceptar nuestros lutos y entonces, solo entonces, poder mirar hacia adelante.

 I. Rutinas morbosas

En casa, cuando yo era una niña, había un ritual: mi papá y yo nos levantábamos a las 6 am y escuchábamos el noticiero de la KL. A las 6:30 era hora de encender el televisor y ver solo el inicio de Frente a Frente; luego iba Entrevista al Día; le seguían los noticieros de televisoras hispanas en Estados Unidos; luego CNN. La vida empezaba después de ver los noticieros. No es cierto, todavía faltaba ir a la esquina  a comprar los periódicos, leerlos de corrido y comparar la redacción de las notas. Para entonces apenas eran las 9 am y quedaba tiempo de sobra para vivir… hasta que empezaran los noticieros de mediodía.

Variaciones de esta rutina están presentes en los patrones de consumo de información de la mayoría de salvadoreños urbanos: levantarse, escuchar o ver noticias, salir a la calle y revisar el periódico. No es la forma más sana de despertar, menos en un sitio como este, en el que cualquier locutor y cualquier portada saluda con la noticia de tres, cuatro, cinco nuevos asesinatos ocurridos en la madrugada, pero se hace. A diario.

Es cruento, pero justificable, preguntarse por qué en 2014 un asesinato en El Salvador sigue siendo noticia, mucho menos portada: el número de muertes violentas en posguerra es muy cercano al de las víctimas del conflicto civil. Matar es normal en El Salvador, así que reportarlo puede resultar tedioso. Los medios se ven forzados a buscar giros que les permitan aumentar su audiencia. Lo novedoso ya no es matar, como puede concluirse por el tipo de delitos que se reportan,  sino el cómo. Prueba de ello es el infinito morbo con el que se recibió una serie de reportajes sobre Israel Ticas.

Las fotos de portada ya no muestran cadáveres (como antaño), sino rastros de sangre o imágenes crípticas de cercos policiales. El público se escandaliza cuando se muestra sangre en una persona viva, como fue el caso de la primera plana de Mi Chero, un periódico de nota roja, el 26 de septiembre de 2014: una joven de 25 años fue atropellada sobre la Avenida Roosevelt de San Salvador. Tendida en el suelo, pero viva, la víctima alzó la cara ensangrentada al intentar ponerse de pie. El titular: «Quedó molida»[*].

La portada en cuestión recibió acaloradas reacciones negativas por parte del público; la víctima incluso demandó al periódico y al grupo editorial que lo maneja no por daño moral, sino violencia simbólica. Diversos calificativos fueron atribuidos a la publicación; la solidaridad con la víctima fue evidente desde un inicio. Si bien justifico tanto la demanda como la indignación colectiva, no deja de parecerme curiosa la elección de calificativos utilizados por la abogado querellante: «vulgar. Grotesca. Humillante».

II. Humillaciones válidas

Tomemos como ejemplo un día cualquiera en el que yo decida almorzar en una cafetería. Es mediodía, así que Cuatro Visión está al aire y los comensales mastican su comida mientras la indolente conductora narra la captura de algunos pandilleros en una comunidad marginal. Las imágenes son siempre las mismas: dos grupos de reacción policial, fuertemente armados, están de pie frente a una puerta de lámina. Cargan una almágana para derrumbarla. Gritan «¡Policiya!» y entran a la casa ─pobre, algunas veces con piso de tierra─. Tras los gritos y las mujeres llorando se ve a los hombres ─jóvenes, descalzos, en bermudas y sin camisa─ tirados al piso mientras diez, doce armas de largo alcance apuntan hacia sus cuerpos expuestos. Estas imágenes también son vulgares, grotescas y humillantes, pero se emiten a la hora de almorzar y nadie se inmuta. ¿Por qué no son recibidas con la misma indignación que la de la muchacha atropellada?

La respuesta es mucho más violenta ─pero más sutil─ que la sangre en una portada o las vulgares expresiones de la fuerza policial al apresar a un pandillero: hay alguien que merece ser humillado en la palestra pública, uno sin integridad que preservar. Uno que no puede argumentar daños a su dignidad ni su imagen, que no participa de ese nosotros tan difuso que compone la gente como uno. Ese ellos que no es persona, contra quienes se exige todo el peso de la ley en un país con descarada impunidad criminal, y para quienes se pide pena de muerte, pueden y deben ser tratados de forma vulgar, grotesca y humillante.

III. Ellos

Es difícil buscar una categoría que agrupe a este ellos en particular. Está claro que en la coyuntura actual son las maras quienes reciben este tratamiento, pero existen antecedentes históricos de otros colectivos también tratados de esta forma. El más inmediato es el de los grupos armados irregulares de izquierda.

Uso el término ellos sin referencia a la otredad de la que se habla en ciertos ámbitos. Ese Otro es opaco, pero reconozco en él algo ora inaccesible. El ellos, sin embargo, no goza de la indolencia con la que a veces se recibe al Otro; el ellos es tangible, como sociedad lo señalo, lo repelo; es indeseable y debe ser destruido a toda costa.

Al revisar los periódicos de los ochenta, es frecuente ver retratos de rostros similares a las fotos de expedientes policiales: de frente, con la cara descubierta. La leyenda varía: terrorista, sedicioso, antisocial, sindicalista. Estos términos, utilizados indistintamente cual si fuesen sinónimos, solían reemplazar a los nombres de las asociaciones políticas a las que presuntamente pertenecían los capturados.

Dicha práctica tiene sentido en la coyuntura política que se vivía: en aquel entonces, el FMLN era un conjunto de guerrillas que buscaba estatuto jurídico de fuerza beligerante a fin de ser sujeto de Derecho Internacional e impulsar un diálogo con el Gobierno de El Salvador. Para los medios de comunicación masiva ─como canales de ideologización al servicio de los intereses de sus propietarios─ era imprescindible, entonces, hacer creer a la opinión pública que no existía tal cosa como un conjunto de grupos armados con control de territorio, gobierno interno y que perseguían fines políticos, sino individuos tumultuosos, sediciosos, antisociales que actuaban de forma anárquica. No nombrar a ninguno de los cinco grupos armados irregulares del FMLN representaba desconocerle como actor político, reducir a sus miembros a delincuentes que actuaba criminalmente a fin de imponer una doctrina en particular: el comunismo. La práctica se mantiene. Cobijada en su Manual de Cobertura de la Violencia, La Prensa Gráfica omite desde 2005 el nombre de pandillas involucradas en delitos. Otros medios han adoptado medidas similares. Está por definirse qué es, en concreto, lo que se busca desconocer ahora.

Esta práctica discursiva, tan ocultista y llena de sinónimos, tuvo contraparte en los ochenta en la cobertura visual del conflicto: mientras las notas daban rodeos para referirse a actores políticos de la izquierda insurgente como tales, las imágenes que las ilustraban eran explícitas. En la contraportada de El Diario de Hoy (en adelante EDH, seguido por la fecha de publicación) del 27 de mayo de 1989 se ve a tres cadáveres masculinos alineados en el piso. Sus ropas están ensangrentadas y sus rostros están descubiertos. Les rodean granadas y un mortero.  Dos  militares con armas largas les custodian. La leyenda: «terroristas muertos».

Photo: Terroristas muertos después de un ataque conjunto al Cuartel San Carlos, San Salvador. EDH, 27/5/1989 http://t.co/0EC6BXI49k

— Virginia (@Huishte) May 29, 2014

La publicación de imágenes de cadáveres de presuntos militantes de izquierda era usual en los medios de comunicación masiva de 1989, especialmente en los impresos. Usualmente eran cuerpos masculinos, ensangrentados, descalzos y sin camisa. Era frecuente también insertar ese tipo de imágenes fuera de una nota, como relleno entre bloques de texto reservados para tal fin. Ese tipo de fotografías era más explícita, con orificios de bala o cortes de arma blanca visibles. Se tiene, por ejemplo, al cadáver degollado de un hombre tirado en el piso; le flanquean un muchacho de pie y un niño sonriente. La leyenda: «terrorista muerto (San Pedro Masahuat, La Paz)» (EDH, 22/2/1989).  

Este tipo de imágenes aparecía de dos a tres veces por semana en EDH al menos en la fase final del conflicto armado. No veo mayor justificación a ello que una muy cruenta y premeditada: la sobreexposición del público a imágenes violentas hasta normalizarlas, logrando así que la sociedad asumiese que ese tipo de  muerte  era el escarmiento que merecía un sedicioso, un terrorista. La crueldad era, entonces, justificada de forma vulgar, grotesca y humillante. 

IV. Nosotros

La portada del 5 de mayo de 1989 es distinta. Dos niños muertos, cada uno con una rodaja de limón en la boca, yacen dentro de una lancha, la cual rodean señoras que lloran. Sus cuerpos están cubiertos por ramas de árboles. La leyenda: «Niños víctimas de minas». El texto que acompaña foto usa la expresión «mina terrorista del FMLN-FDR», ilustrando uno de los pocos casos en los que se nombraba a esta organización de forma explícita: al hablar de víctimas civiles.

EDH, sinónimo de periodismo de calidad: pic.twitter.com/WMhNQ9e7xJ

— Virginia (@Huishte) May 5, 2014

La intención del uso de estas imágenes, hecho con menor frecuencia, pero de forma más contundente (portadas en lugar de sitios de relleno; usualmente a color a pesar de que primaba la impresión a blanco y negro) era evidenciar el daño que las acciones de estos grupos irregulares ocasionaba en la víctima civil, aquella que, como la muchacha atropellada en la portada de 2014, sí merece consideración y despertar indignación. En el caso de ella y el de los niños víctimas de la mina antipersonal, la exposición sin tapujos de su dolor busca solidarizarnos, convocarnos en un nosotros que es víctima de la imprudencia vial, del ataque terrorista. Un nosotros que deja por un momento de ser tan difuso e intangible y se vuelve concreto en la sangre ajena.

La sucesión de pensamientos al ver este tipo de imágenes, leer casos de jóvenes violadas por una clica o el de los atletas asesinados por pandillas suele ser indignación seguida por rabia, rabia de la que justifica contemplar la pena de muerte para el hechor (como en efecto promulgaba la derecha radical durante el conflicto y que ahora retoma la centroderecha de GANA en el caso de las pandillas). Matar al terrorista, al marero, no representa un mal menor: ninguno es recuperable ni reinsertable en la sociedad. Atentan ambos no contra el Estado ni la estructura social, sino contra nosotros, el ciudadano humilde, el salvadoreño trabajador. Ese es el discurso.

V. El ellos actual

 Mi mamá, una persona con educación universitaria, es una mujer muy lista. Trabaja en salud, algo de empatía tiene. Empero, si se encienden las noticias y se ve la nota de una persona asesinada por no pagar la renta[**], lo primero que dice es: «yo los encerraría a todos esos hijos de puta en un solo penal para que se maten entre ellos. Cuando terminen, y si queda alguno vivo, que le den fuego a esa mierda». Enfatizo que es mi madre y que trabaja en un campo que requiere de alta empatía y respeto por la condición humana para resaltar lo grave de esta forma de deshumanización de un tipo de delincuente en particular. Nunca la he visto expresarse en similar forma de ningún otro grupo.

Ese tipo de clamores es  tan común en la sociedad salvadoreña que asusta. Personas comunes niegan de un tajo no solo los derechos civiles, sino la condición de persona, de un miembro de maras simplemente por serlo. Deshumanización por asociación. Incluso en una sociedad en la que la violencia tiene semejante grado de normalización esto resulta impresionante. Tanto, que uno no puede evitar preguntarse de dónde viene.

Acercamiento a la portada. Era el 25 de junio de 1989. El manejo de las maras es el mismo ahora: pic.twitter.com/h3XiTPPT6o

— Virginia (@Huishte) June 27, 2014

Durante la década pasada, mi libro de texto de Estudios Sociales decía que las pandillas eran un fenómeno transplantado de los Estados Unidos y que se debía, entre otras cosas, a entornos sociales fracturuados. No había más información al respecto. Mi referente sobre las pandillas era ese y la imagen de Francisco Flores en una chaqueta café, parado frente a un placazo[***] de la mara 18, anunciando el lanzamiento del Plan Mano Dura para lidiar con las maras. Tejido social roto y represión, esa era mi correlación hace una década.

En la página 7 de El Diario De Hoy del 29 de enero de 1989 hay una nota breve titulada: «Capturan  11 miembros de “maras” en Col. Quiñonez»[*^]. No hay fotografía. «La fuente dijo a EL DIARIO DE HOY que los once sujetos, que operaban en varios puntos de la ciudad, están acusados por homicidios, lesiones, violaciones y robos»[^].  Ya el 4 de marzo el tema era portada: «Capturan miembros de “maras”». Dieciocho hombres de pie, manos detrás del cuerpo, todos con la cara en alto, posan alineados detrás de un conjunto de televisores y equipos de sonido.  El  26 de junio, otra portada: «Ofensiva policial contra las “maras”». En esa edición, más cadáveres destrozados de sediciosos, terroristas, antisistema. Aunque no era explícito entonces, lo que veíamos era ya la transición de un ellos indeseable por otro, un nuevo sujeto de exterminio sobre el cual hablar de forma vulgar, grotesca y humillante.

La semana pasada se presentó en San Salvador el reporte que Amnistía Internacional hizo sobre el contexto y consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador. Los medios de prensa tradicional no publicaron al respecto más que la reacción de Sí A La Vida, una ONG con afiliación a la Iglesia Católica. Empero, los medios digitales sí retomaron el informe y lo visceral de las réplicas al respecto es para dejar helado a cualquiera.

Solo El Faro pudo o quiso hablar directamente con Amnistía Internacional, logrando entrevistar a su secretario general, Salil Shetty. Es muy fácil perderse en la entrevista; cuesta elegir entre concentrarse en el hecho de que ni el Presidente ni el Vicepresidente de la República aceptaron reunirse con Amnistía, la opinión de este ente sobre los crímenes de guerra sin judicializar, las 17 mujeres sin indultar, o  «la terrible represión que sufren las mujeres y las niñas es realmente espeluznante y equiparable con la tortura». Entiendo que no se haya prestado atención a esta frase. Empero, creo que es imperante detenerse en ella.