Dentro del cansón, estúpido y soberanamente perverso cuento sin fin de las malditas asesinas que matan a sus pobres bebecitos recién nacidos, malas madres, yeguas desalmadas, es fácil identificar un patrón. Quizá dos. A veces, tres: sospechosamente, todas son pobres. La mayoría no tiene o no sabe cómo tener acceso a servicios de salud obstétrica. Además, y acá está el meollo del asunto, todas parecen tener una fascinación obsesiva con desmayarse en el baño. 

Guadalupe, una empleada doméstica con sueldo de $80 al mes (eso es virtualmente esclavitud, digamos las cosas como son), dio a luz en casa de sus patrones a un producto con anomalías congénitas. Nació muerto. Trabajó todo el día porque temía perder el empleo. No dejaba de sangrar. Tras desmayarse en el baño, su patrona la lleva al Hospital de San Bartolo.  Pasó siete años presa hasta que fue indultada por irregularidades en su proceso judicial. Guadalupe cursó hasta tercer grado. Tenía 18 años. Su embarazo fue producto de una violación sexual.

El sistema judicial no tiene medidas de justicia restaurativa para casos de este tipo.

María Teresa, empleada del sector maquila, ya con un hijo de 7 años, logró con trabajos llegar a la letrina de su casa. Se desangró, le nació un feto que se asfixió dentro de ella. Ella misma fue abandonada por su madre y creció en orfanatos; no le venga con eso de "si no quiere hijos, regálelos". Ella sabe qué es eso. Alguien llamó a la ambulancia y logró sacarla de la letrina. El resto del cuento es el mismo contado ahora 17, 18, 19 veces: despertar en el hospital con esposas en las manos. El cargo de homicidio. El olor a mierda impregnado en el pelo. 

María Teresa pasó cuatro años en cárcel. En 2016, un juez anuló su sentencia. La FGR apeló la decisión. María Teresa tuvo tanto miedo de volver a alejarse de su hijo que pidió asilo humanitario en Suecia. Se lo concedieron.

Hace menos de un año, una menor de edad sale corriendo al baño antes de empezar clases en el instituto. Último año de bachillerato. Tiene una relación con un pastor evangélico mayor que ella, una infección en la sangre, un feto en las entrañas. ¿Ha entrado alguna vez a los baños de un instituto nacional? Hay un olor penetrante a orina o a cloro; a veces, a ambas. Se siente en los ojos casi como una nube de gas mostaza. En ese aromático entorno ella pare a un feto muerto, inviable.  La fiebre se alza atropellada, la sangre le brota, ella se desmaya. Teledós se entera. Lo transmite en vivo. Medio El Salvador sopla su  sopita de frijoles con epazote mientras sigue el minuto a minuto y espera a que saquen a esa bicha zorra, asesina, puta, del baño del instituto. Durante los comerciales, quizá el comedor comentó cómo estas monas ahora no pueden cerrar las piernas. Seguro es culpa del reggaetón.

Se abre la toma. Es el Damián Villacorta, en Tecla.

Ahí estudió mi tata.

Yo conozco ese baño.

Apesta a meados.

Deme un pedazo de queso fresco, maitra.

 Nadie parece notar que una y otra y otra vez la narrativa de las mujeres acusadas de homicidio --no de aborto, ni lo quiera Dios--  en contra de sus fetos tiene como escenario brutalista y vulgar el baño público. No es uno con pastillitas olor lavanda tropical, toallas suavecitas gracias al poder del Suavitel Adiós al Planchado ni duchas con control de temperatura, no. Son fosas sépticas. Estas mujeres-monstruo, inmorales, capaces de matar a sus propios hijos, suelen tener como escenario el piso de tierra, la pared de bahareque, las lombrices reptando al fondo de la fosa. 

Las asesinas descaradas avientan a sus fetos inocentes sobre la mierda porque ellas mismas son una mierda. Se desangran sobre el piso, bajo la lámina ardiente, porque así Dios las castiga.  Hay algo en común en todos estos relatos, sí. Aquella lejana vocación de la tragedia de la Antigua Grecia: lo que ahí se muestra, en la transmisión en vivo de Teledós, en la cobertura de la ultracatólica prensa impresa y de la esquina más amarillista de la prensa digital, es una historia que busca impartir moral. Castigos por hibris. Fábulas. Es la letrina el escenario, el signo principal de la inmoralidad sexual de las mujeres pobres.

Las de clase media, con acceso a seguro social o privado, con alguna noción de cómo les funciona el cuerpo, no paren nunca fetos muertos en el baño. Les ponen franelitas rosas que huelen a cloro, las acuestan en una camilla y un obstetra que nunca no las trata como idiotas les dice en el tono más parsimonioso posible que lo siente mucho, pero como ya les había avisado en el control de los seis meses, su niñito vino mal. Recemos por su alma. Llame a su marido.

Las de clase alta, por supuesto, ni se lo piensan. Toma cuatro horas manejar a Guatemala. Cuesta mil quetzales la consulta en la Zona 12. A la salida, pasan a cenar a Cayalá, se toman selfies con los falsos edificios europeoides y al día siguiente están listas y frescas para irse de nuevo a misionar con el Opus Dei.

Evelyn también fue violada. Tiene 19 años. Esta es la parte donde digo que la violó un pandillero en la zona rural de Cuscatlán. Tenía un embarazo de seis meses y lo perdió. Esas cosas pasan. Evelyn no dejaba de sangrar en la letrina de su casa. Su mamá logró llevarla al hospital de Cojutepeque en abril de 2016.

Una jueza, seguramente obsesionada con no saber leer, descartó el testimonio de ambas, quién sabe por qué. Ha condenado a Evelyn a 30 años de cárcel por ser pobre, por haber sido violada por una estructura criminal formada por muchachos pobres que creen que se repondrán de la sistemática negación de su dignidad controlando, imponiendo, dominando el territorio y todo lo que se muera sobre él. 

La jueza, les juro, nunca ha meado en una letrina.

El Salvador es un país en el que una investigadora de la Policía Nacional Civil cree que puede existir sexo consentido entre un hombre que paga por sexo y una menor de edad explotada sexualmente por una red de trata: 

Original en la versión web de La prensa gráfica, nota publicada en el 4 de enero de 2017.

… con funcionarios que afirman semejante cosa a pesar de la existencia del artículo 164 del Código Penal vigente: 

…en el cual se considera que el estado emocional de un imputado por delitos sexuales es reporteable:

Max González (#GordoMax): Esto es devastador para mí. Me declaro inocente. Sobre caso trata sexual de menores. #ITVX pic.twitter.com/RtG2KTDAAn

                                — ExpresaTVX (@ExpresaTVX) 4 de enero de 2017

Este también es un país en que la libertad e integridad sexual de sus ciudadanas no son reconocidas, defendidas ni procuradas por sus instituciones ni su sociedad. También es un país que se niega rotundamente a hablar de sexo, de comercio sexual, de trata de personas y de los marcos que regulan los ejercicios sexuales de sus ciudadanos. Su negativa a repensar social e institucionalmente su idea sobre las libertades sexuales, empero, está malentendida.

Como país es imperante dejar de pensar que El Salvador encabeza las listas de restricciones a las libertades sexorreproductivas ─que van desde el matrimonio universal hasta el comercio sexual, pasando por las interrupciones legales del embarazo y las técnicas de reproducción asistida─ por ser un país religiosamente conservador. Dios es la excusa bajo la cual se amparan la mayoría de comportamientos autoritarios de una sociedad cerrada a la cual le aterra pensar que existe más de una forma de vivir. 

Sería un error decir que la violencia multinivel que El Salvador ejerce sobre sus ciudadanas es sui generis. Todas las sociedades restringen social e institucionalmente las libertades sexorreproductivas para preservar modelos económicos y de ordenamiento social que les resultan convenientes, defendiéndoles mediante instituciones que se presumen incólumes, como la familia o la iglesia. Si bien las formas de restricción de estos ámbitos difieren de sociedad en sociedad, países más autoritarios, como el nuestro, optan por limitar el ejercicio de las libertades sexual y reproductiva cuando este compete a mujeres o personas de la diversidad sexual y de ignorarlos por completo cuando estos son violentados.

Pensemos, por ejemplo, en las menores víctimas de explotación sexual de las cuales Max González y tantos otros hombres  son presuntos clientes. Ana Herrera, investigadora de la Policía Nacional Civil, cree que menor A está en condiciones de consentir actividad sexual a pesar de:

1) Ser víctima ella misma de una red criminal

2) ...que reditúa a partir de su explotación sexual

3) ...a la cual llegó por engaños

4)...y en la cual permanece bajo amenaza

Diversas corrientes del pensamiento legal feminista se han planteado la idea del consentimiento sexual cuando compete a trabajadoras sexuales o menores de edad en relaciones con hombres mayores. Algunas corrientes sostienen que en el caso de estas últimas pueden intervenir, como en la acusación a González, una marcada desigualdad monetaria y de poder entre las partes, en las cuales es usualmente la menor de edad quien está en desventaja. Esto impide que ellas puedan tomar una decisión libre y plena sobre su ejercicio sexual con ellos, pues esta se ve permeada por su estatus desigual frente al hombre mayor. 

La trabajadora sexual adulta, que ejerce ese tipo de labor por opción propia, dicen otras corrientes, tampoco sostiene encuentros sexuales consentidos, pues es la exclusión económica la que la empuja a tener que ejercer ese tipo de labores. Este sería el caso, por ejemplo, de las mujeres trans en países como el nuestro,  en donde  el trabajo sexual y el comercio informal suelen ser las únicas vías de actividad económica a la que pueden acceder cuando institucionalmente se niega su derecho a la identidad, a la educación y a salud.

En el caso de las menores víctimas en el caso de González, su condición de explotación sexual y su minoría de edad impiden que puedan dar su consentimiento para tener sexo con personas como él, que desde su posición económica y mediática deciden expresamente participar de redes criminales para poder tener acceso a trabajadoras sexuales menores de edad. Hombres que están pagando por poder violar. Que saben que están pagando por poder violar. Que luego salen en entrevistas y dicen que ser procesados judicialmente por pagar para poder violar les resulta "devastador".

Si El Salvador tomase la decisión de hablar de sexo, de libertades sexorreproductivas, notaría que González es solo la cara visible (macabra y visible) de una sociedad en pleno que piensa que sus ciudadanas son objetos sexuales consumibles a cualquier edad. El exnovio de una mayor de edad se siente en derecho de "humillarla" compartiendo sin su consentimiento su ejercicio sexual libre es solo uno de tantos ejemplos. El sexo con menores de edad es aceptado, celebrado inclusive, en sociedades como la salvadoreña: cantantes, futbolistas,  cuidadores, pastores evangélicos han sido anteriormente acusados de estupro o violación contra menores sin que su imagen pública sufra deterioro alguno. Es común escuchar historias de menores "acompañadas" con hombres mayores. La mayoría de madres adolescentes, que conforman el 30% de los partos en El Salvador, tienen como pareja a hombres mayores que ellas por 4 o más años de edad:

Fuente: Ministerio de Salud, Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos. El Salvador 2015. Primera lectura de datos. San Salvador, El Salvador, noviembre de 2015, página 18.  Disponible en línea.

Max González es solo uno de tantos hombres que utilizan su posición social o económica para tener sexo con menores de edad en condiciones de vulnerabilidad en una sociedad que celebra estos comportamientos, en la que "agarrarlas bichas" es algún tipo de galardón de hombría. En la que la libertad sexorreproductiva de las mujeres y personas de la diversidad sexual es condenada cuando no sirve de insignia para alguien más. En la que negándoles el conocimiento de su propio cuerpo, el uso libre del mismo y servicios de salud integrales se busca controlarlas no por conservadurismo religioso ni social, sino por autoritarismo. Porque nuestro orden social, económico y político tiene como componente clave la subciudadanía de las niñas y mujeres.

La violencia contra las mujeres no solamente está presente en las violaciones ni en este tipo de trata o el femicidio. También la ejerce la investigadora policial que cree que una menor obligada a prostituirse puede tener sexo consentido con un cliente, la sociedad que cree que la bicha es puta porque así consigue pisto, el medio que cree que "hay que darle espacio" al perpetrador. A este país le urge, para ayer, empezar a hablar de libertades sexuales y reproductivas porque sus ciudadanos somos, todos, seres sexuales. Porque sus ciudadanas somos, todas, seres sexuales y nuestra libertad, como la de todos, empieza por el propio cuerpo.

Introducción

Desde hace como dos semanas quería escribir un post sobre la nueva forma de darse paja en el quehacer partidario: el supuesto relevo generacional. Este parece ser una realidad, mas no significa necesariamente una renovación del actuar en política. Iba a escribir que ni Nayib Bukele (prometiendo, como todos los alcaldes, la entrega de proyectos justo en los meses de precampaña electoral) ni Ernesto Muyschondt (me lo encontré en un PriceSmart y uno de sus acompañantes llevaba una camisa que decía "Neto es mi ídolo") representan, como se hace creer en medios, nuevas formas de hacer política partidaria, pero me dio hueva y he decidido hablar de algo mucho más trascendente: mi culo.