Los derechos de los anormales

Hablar de derechos humanos en El Salvador a veces puede parecer una terrible irresponsabilidad. Toda denuncia es considerada ilegítima casi tan rápido como esta se hace pública. ¿Una víctima de una masacre cometida por el Ejército o los cuerpos policiales? Era guerrillero, era marero. En algo andaba. ¿Una comunidad que ocupaba un terreno baldío público porque hay serias desigualdades económicas y un déficit de vivienda arrastrado desde hace décadas? Chinches. Huevones. Vayan a trabajar.

Declarar que una persona o colectivo ha sido víctima de violación a sus derechos humanos logra que sobre sí se vuelque el odio de un país demasiado traumatizado  como para reconocer que su modo de vivir, su noción de lo bueno, lo correcto y lo "normal" es violenta, nociva, criminal. ¿Por qué, entonces, perseverar en hablar de Derechos Humanos?

Quizá haya que volver al hecho de que este es un país traumatizado, configurado desde sus orígenes a partir de una violencia pública y sanguinaria, un país en el que a partir de la doctrina positivista de la ley y el orden se construyeron nociones de ciudadanía homogénea y obediente. La diferencia, ahora como en El Salvador colonial y el republicano, se castiga en público para hacer del diferente un ejemplo: aquí somos conservadores. Quien rompe la norma, muere.

Este romper la norma no equivale a delinquir. Descubrir que el género que se te asignó al nacer no es con el que te identificás, como es el caso de las personas trans, no es delito. Su existencia no es ilegal ni rompe norma alguna. Empero, el Estado salvadoreño se niega a emitir un documento que refleje a cabalidad su expresión de género. Para hacerlo, se basa en una idea de la ley que sugiere que esta no puede adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, como si la primera cosa que se enseña en ciencias jurídicas es que la norma no se escribe para el pasado ni para el presente, sino para la convivencia futura. En el caso de El Salvador, esta convivencia futura nunca ha sido pensada para la ciudadanía LGBTI.

Como las leyes no van a cambiar por sí mismas, en el transcurso de esta década se han utilizado las mismas herramientas que el Estado pone a disposición de la ciudadanía para buscar que las personas LGBTI seamos incorporadas en ella. Ante nuestras denuncias de que las nociones de familia que tiene el reglamento del ISSS, la de matrimonio que contempla la legislación actual y la que sobre la omisión a regular el nombre de las personas trans se ha respondido con silencio, con absurdos y con odios disfrazados de rectitud religiosa. Con magistrados que en su voto razonado dicen que normar el nombre de las personas trans subvierte el orden público.  Que atenta a la convivencia. Que perjudica al bien común.

¿El bien común, la convivencia, el orden público de un país expuesto desde siempre a una violencia pública como herramienta de control social se ven amenazados porque un grupo de personas tenga la facultad de tener documentos a su nombre?

En cristiano, ahí dice dormime, sopepitos

Cabe la pregunta ahora de qué tipo de norma rige al país traumatizado y violento que tenemos. Esto importa porque cuando hablamos de que la sistemática negativa estatal a reconocer a las personas LGBTI como ciudadanas plenas de El Salvador viola nuestros derechos humanos lo que recibimos es una risa sardónica que este país suele reservar para lo inverosímil. La risita de todos cuando ciertos sectores de la izquierda abogan por restituir al colón como moneda nacional o cuando alguien pregunta si alguna vez se disputará un mundial de fútbol en El Salvador. Esa risa, esa, es la que vemos cada vez que nos atrevemos a considerarnos titulares de derechos.  Esa risa está en la magistrada de la CSJ, en el periodista cisgénero que cubre la marcha del Orgullo como si fuera una función del circo. Esa risa que está en el director del centro escolar público cuando Néstor aparece a clases con falda y pide que le llamen Cecilia. Esa risa, esa, es la base de nuestra exclusión. 

Por eso, porque al parecer no somos personas, porque el país se configuró sobre una idea de homogeneidad racial, conductual y sexogenérica, porque nos han socializado para entender que la diferencia se paga con sangre, el Estado salvadoreño violenta nuestros derechos humanos con impunidad. Se da el lujo de archivar nuestros recursos de inconstitucionalidad durante un año, esperando un momentum para conocerlos y resolver sobre ellos porque depende de la coyuntura nacional si se nos considera personas o no.  No hay una respuesta. No se dice si nuestros recursos se rechazaron o no están apegados a derecho. La Corte ni siquiera se toma el tiempo de leerlas. Esa risa, esa, ni siquiera nos considera personas.

Una violación a derechos humanos en El Salvador es, en el mejor de los casos, una masacre. A esto se llegó por la tenacidad de sobrevivientes, de testigos, de organizaciones empeñadas en recordar. Una violación a derechos humanos en El Salvador es detener a un acusado de esas masacres porque pobrecito, ya está viejito, adónde está su derecho a la vida digna, por qué no lo dejan en arresto domiciliar. Nunca surge esa pregunta cuando se denuncia que la esperanza de vida de una mujer trans en El Salvador es de 33 años. 

Hablar de los derechos humanos de la población LGBTI  en El Salvador a veces puede parecer una terrible irresponsabilidad. No somos personas, eso dice el Estado. Si sos trans, no tenés derecho a la identidad ni al nombre ni a la educación ni al empleo. Nadie en nuestra población tiene derecho a servicios de salud integrales ni a configurar familias legalmente reconocidas. Pero eso está bien, dice la sociedad, porque estamos fuera de la norma. Nos lo ganamos. Quién nos manda. Esa misma sociedad luego se espanta porque otros vienen con violencia a plantar evidencia, a masacrar o imputar delitos falsos a hombres jóvenes pobres, a mujeres jóvenes pobres que nada tienen que ver en el asunto, proverbio ancestral para referirse al que no debió morir y murió por esas violencias que creen, que se cimientan, en la existencia de que hay un uno inferior y sin derechos. Un uno diferente. Un uno prescindible.

Hablar de derechos humanos en El Salvador a veces puede parecer una terrible irresponsabilidad. Nadie los tendrá garantizados si no están protegidos para todos. Para todas.  Si de eso hemos de encargarnos las lesbianas, los gays, les bisexuales y les trans, que así sea.

 

En la marcha de hoy→ Ellas son Estrellas del Golfo, un colectivo LGBTI de la zona del Golfo de Fonseca ♥ pic.twitter.com/CO5q7isFSz

— Virginia ‍🏳️‍🌈 (@Huishte) 17 de mayo de 2017