El Salvador es un país en el que una investigadora de la Policía Nacional Civil cree que puede existir sexo consentido entre un hombre que paga por sexo y una menor de edad explotada sexualmente por una red de trata:
Original en la versión web de La prensa gráfica, nota publicada en el 4 de enero de 2017.
… con funcionarios que afirman semejante cosa a pesar de la existencia del artículo 164 del Código Penal vigente:
…en el cual se considera que el estado emocional de un imputado por delitos sexuales es reporteable:
Este también es un país en que la libertad e integridad sexual de sus ciudadanas no son reconocidas, defendidas ni procuradas por sus instituciones ni su sociedad. También es un país que se niega rotundamente a hablar de sexo, de comercio sexual, de trata de personas y de los marcos que regulan los ejercicios sexuales de sus ciudadanos. Su negativa a repensar social e institucionalmente su idea sobre las libertades sexuales, empero, está malentendida.
Como país es imperante dejar de pensar que El Salvador encabeza las listas de restricciones a las libertades sexorreproductivas ─que van desde el matrimonio universal hasta el comercio sexual, pasando por las interrupciones legales del embarazo y las técnicas de reproducción asistida─ por ser un país religiosamente conservador. Dios es la excusa bajo la cual se amparan la mayoría de comportamientos autoritarios de una sociedad cerrada a la cual le aterra pensar que existe más de una forma de vivir.
Sería un error decir que la violencia multinivel que El Salvador ejerce sobre sus ciudadanas es sui generis. Todas las sociedades restringen social e institucionalmente las libertades sexorreproductivas para preservar modelos económicos y de ordenamiento social que les resultan convenientes, defendiéndoles mediante instituciones que se presumen incólumes, como la familia o la iglesia. Si bien las formas de restricción de estos ámbitos difieren de sociedad en sociedad, países más autoritarios, como el nuestro, optan por limitar el ejercicio de las libertades sexual y reproductiva cuando este compete a mujeres o personas de la diversidad sexual y de ignorarlos por completo cuando estos son violentados.
Pensemos, por ejemplo, en las menores víctimas de explotación sexual de las cuales Max González y tantos otros hombres son presuntos clientes. Ana Herrera, investigadora de la Policía Nacional Civil, cree que menor A está en condiciones de consentir actividad sexual a pesar de:
1) Ser víctima ella misma de una red criminal
2) ...que reditúa a partir de su explotación sexual
3) ...a la cual llegó por engaños
4)...y en la cual permanece bajo amenaza
Diversas corrientes del pensamiento legal feminista se han planteado la idea del consentimiento sexual cuando compete a trabajadoras sexuales o menores de edad en relaciones con hombres mayores. Algunas corrientes sostienen que en el caso de estas últimas pueden intervenir, como en la acusación a González, una marcada desigualdad monetaria y de poder entre las partes, en las cuales es usualmente la menor de edad quien está en desventaja. Esto impide que ellas puedan tomar una decisión libre y plena sobre su ejercicio sexual con ellos, pues esta se ve permeada por su estatus desigual frente al hombre mayor.
La trabajadora sexual adulta, que ejerce ese tipo de labor por opción propia, dicen otras corrientes, tampoco sostiene encuentros sexuales consentidos, pues es la exclusión económica la que la empuja a tener que ejercer ese tipo de labores. Este sería el caso, por ejemplo, de las mujeres trans en países como el nuestro, en donde el trabajo sexual y el comercio informal suelen ser las únicas vías de actividad económica a la que pueden acceder cuando institucionalmente se niega su derecho a la identidad, a la educación y a salud.
En el caso de las menores víctimas en el caso de González, su condición de explotación sexual y su minoría de edad impiden que puedan dar su consentimiento para tener sexo con personas como él, que desde su posición económica y mediática deciden expresamente participar de redes criminales para poder tener acceso a trabajadoras sexuales menores de edad. Hombres que están pagando por poder violar. Que saben que están pagando por poder violar. Que luego salen en entrevistas y dicen que ser procesados judicialmente por pagar para poder violar les resulta "devastador".
Si El Salvador tomase la decisión de hablar de sexo, de libertades sexorreproductivas, notaría que González es solo la cara visible (macabra y visible) de una sociedad en pleno que piensa que sus ciudadanas son objetos sexuales consumibles a cualquier edad. El exnovio de una mayor de edad se siente en derecho de "humillarla" compartiendo sin su consentimiento su ejercicio sexual libre es solo uno de tantos ejemplos. El sexo con menores de edad es aceptado, celebrado inclusive, en sociedades como la salvadoreña: cantantes, futbolistas, cuidadores, pastores evangélicos han sido anteriormente acusados de estupro o violación contra menores sin que su imagen pública sufra deterioro alguno. Es común escuchar historias de menores "acompañadas" con hombres mayores. La mayoría de madres adolescentes, que conforman el 30% de los partos en El Salvador, tienen como pareja a hombres mayores que ellas por 4 o más años de edad:
Fuente: Ministerio de Salud, Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos. El Salvador 2015. Primera lectura de datos. San Salvador, El Salvador, noviembre de 2015, página 18. Disponible en línea.
Max González es solo uno de tantos hombres que utilizan su posición social o económica para tener sexo con menores de edad en condiciones de vulnerabilidad en una sociedad que celebra estos comportamientos, en la que "agarrarlas bichas" es algún tipo de galardón de hombría. En la que la libertad sexorreproductiva de las mujeres y personas de la diversidad sexual es condenada cuando no sirve de insignia para alguien más. En la que negándoles el conocimiento de su propio cuerpo, el uso libre del mismo y servicios de salud integrales se busca controlarlas no por conservadurismo religioso ni social, sino por autoritarismo. Porque nuestro orden social, económico y político tiene como componente clave la subciudadanía de las niñas y mujeres.
La violencia contra las mujeres no solamente está presente en las violaciones ni en este tipo de trata o el femicidio. También la ejerce la investigadora policial que cree que una menor obligada a prostituirse puede tener sexo consentido con un cliente, la sociedad que cree que la bicha es puta porque así consigue pisto, el medio que cree que "hay que darle espacio" al perpetrador. A este país le urge, para ayer, empezar a hablar de libertades sexuales y reproductivas porque sus ciudadanos somos, todos, seres sexuales. Porque sus ciudadanas somos, todas, seres sexuales y nuestra libertad, como la de todos, empieza por el propio cuerpo.
