El cuento de los enfrentamientos

Siete párrafos más abajo hay un revelador video con declaraciones del comisionado Cavallaro que dejan muy mal parado al gobierno de Salvador Sánchez Cerén en materia de derechos humanos, pero le invito primero a leer los siete parrafitos, porque le ayudarán a contextualizar las palabras del comisionado Cavallaro.

Más de 1,000 personas han sido abatidas por policías y soldados en El Salvador desde enero de 2015. Esas más de 1,000 personas no son todos pandilleros, y solo incluyen los homicidios cometidos en horario laboral, por decirlo de alguna manera; es decir, ocurridos en operativos etiquetados como ‘enfrentamientos’ en las bitácoras de la Policía Nacional Civil (PNC).

En todo 2016, por ejemplo, la PNC dijo que los policías y en menor medida los soldados protagonizaron 407 ‘enfrentamientos’, con un balance de 591 supuestos pandilleros, 8 policías y 2 soldados muertos. Es decir, el gobierno nos afirma sin pudor que cuando se enfrentaron a balazos policías y supuestos delincuentes, hubo 59 malacates caídos por cada servidor público fallecido.

Cada supuesto choque armado el gobierno lo etiqueta como ‘enfrentamiento’ y, salvo contadísimas excepciones, los fiscales se tragan la versión y ahí queda la cosa. A veces, cuando hay algo demasiado estridente o los periodistas destapan las incongruencias, la Fiscalía va un poco más allá, abre algún expediente, pero la mayoría de las veces termina pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de los policías. No hay ni un solo policía ni soldado condenado por ninguno de esos 1,000 homicidios.

La sociedad salvadoreña también tiende a creer que los ‘enfrentamientos’ son en verdad enfrentamientos, con disparos de uno y otro lado. El gobierno, de hecho, suele intercalar sus versiones oficiales con anuncios de decomisos de poderosos fusiles M-16, Ak-47 y AR-15 a esos malacates que ‘enfrenta’. Con frecuencia, también se filtran fotos de hombres cosidos a balazos con armas tiradas cerca de sus manos. Y los salvadoreños, en términos generales, aceptan, conviven y hasta aplauden el cuento de los ‘enfrentamientos’. Pocas, muy pocas voces lo cuestionan.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) son dos de esas excepciones. Desde hace meses explicitan sus sospechas de que una parte de los ‘enfrentamientos’ son en realidad ejecuciones extrajudiciales. Y sospechan también que la Fiscalía, algunos jueces e incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están siendo muy crédulos con la versión oficial. Por esas complicidades, y porque consideran que es algo fundamental para la sanidad de un Estado de derecho, decidieron denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH.

La CIDH decidió escuchar sus quejas, y este martes 5 de septiembre se celebró la audiencia en Ciudad de México. Durante los primeros 35 minutos hablaron, de un lado, los voceros del SSPAS y del Idhuca; y del otro, el representante del Estado salvadoreño, responsabilidad que recayó en Raúl López, el viceministro de Seguridad Pública, el mismo que la semana pasada ganó notoriedad por la ocurrencia de piropear a una periodista de El Noticiero de Canal 6.

Pero lo más relevante de la audiencia fue cuando se abrió el turno de preguntas a los comisionados. James Cavallaro tomó la palabra y dijo esto:

Dice: “Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecuciones”.

Pero, ¿quién es este tal Cavallaro para atreverse a hablar con tanta rotundidad y desmontar de un plumazo el discurso del gobierno salvadoreño?

James L. Cavallaro es uno de los siete comisionados de la CIDH. Esto dice la breve hoja de vida colgada en la página web de la institución: “Ciudadano de Estados Unidos, es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en derechos humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Actualmente James L. Cavallaro es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Anteriormente fue profesor de derecho en la Universidad de Harvard y director ejecutivo del programa de derechos humanos de Harvard. Fue fundador del Centro de Justicia Global, una organización basada en Brasil, y fue director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Es autor de decenas de artículos, libros y otras publicaciones sobre derechos humanos y sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Fue elegido comisionado en el 43º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2014. En el 154º Período de Sesiones de marzo de 2015, fue electo primer vicepresidente de la CIDH. A partir del 1º de enero de 2016 asumió la presidencia en sustitución de la excomisionada Rose-Marie Antoine, quien culminó su gestión el 31 de diciembre de 2015”.

Habrá quien hoy ponga cara de sorpresa ante la contundencia del comisionado Cavallaro. Pero la Sala Negra de El Faro publicó en octubre de 2016 una investigación periodística que ya demostró, con idénticos argumentos a los que usó el comisionado Cavallaro, que la versión del ‘enfrentamiento’ encubre en realidad viles ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo un manto de impunidad. El trabajo está basado en las cifras oficiales de muertos y heridos en uno y otro bando cada vez que se ‘enfrentan’, interpretadas también por reputados expertos internacionales en la materia, como lo es el comisionado Cavallaro.

Al calor de sus declaraciones, les invito a leer o a releer el reportaje ‘Casi que Guardia Nacional Civil’.

Apenas nada sucedió tras la publicación de esta investigación en octubre pasado. Y dudo que vaya a suceder algo ahora. ¿Por qué? Porque me temo que el Estado y la sociedad salvadoreñas, en general, creen que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y soldados son beneficiosas o, en todo caso, un problema menor. Por algo somos una de las sociedades más violentas del mundo, si no la más.

Foto Marvin Recinos (AFP)